Una marcha contra la violencia, pero que no estaría permitida. La violencia registrada en los enfrentamientos entre manifestantes frente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas motivó a la primera institución a convocar una marcha para el fomento de la paz. La convocatoria ha sido difundida a través de redes sociales a través de gráficas y videos en los que participa Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
“Hermanos peruanos. Te invitamos a la gran marcha nacional por la paz que se llevará a cabo este martes 3 de enero a las 3.00 p. m. en todo el Perú. En Lima será en el Campo de Marte. Ni una gota de sangre más, ni un peruano más herido, no a la violencia”, dijo el alto mando policial. Este convocó a las iglesias, comerciantes, trabajadores, amas de casa, familiares, transportistas, obreros, profesores y estudiantes para que participen.
Con la intención de distinguir la manifestación, invocó a los asistentes a vestir una prenda blanca. Dicha muestra ciudadana cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior y ha llegado a ser comentada por la presidenta Dina Boluarte quien señaló que “hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente”.
Sin embargo, la organización del evento estaría yendo en contra de lo señalado por la Constitución Política del Perú. Según el constitucionalista Omar Cairo, “el artículo 34 del texto constitucional establece que los miembros de la Policía Nacional no pueden participar en manifestaciones, y su artículo 169 prescribe que la Policía Nacional no es deliberante”. De darse el evento, el responsable político sería el ministro del Interior, Víctor Rojas.
Dado que Boluarte ha mencionado la convocatoria a la marcha, esta también se vería perjudicada. “Claramente, no se trata de una marcha por la paz, en sentido filosófico, sino de una manifestación en apoyo de una opción política. De subsistir la convocatoria, la responsabilidad política le correspondería al ministro del sector, y la responsabilidad jurídico constitucional a la presidenta”, indicó Cairo para el diario La República.
Especialistas opinan que estaría yendo en contra de la Constitución
Por su parte, diversos conocedores de la materia explican que de darse la marcha mañana, se estaría cometiendo una infracción constitucional, pues el rol de la PNP debe de estar siempre neutral ante movilizaciones políticas.
“Se está politizado una de las instituciones que necesita más neutralidad. Alinear a una institución estatal como esta a un bloque político que defiende al Gobierno es lo que hacen los autoritarismos”, dice el sociólogo Omar Coronel, profesor de la Universidad Católica (PUCP).
“El trabajo de la Policía no es organizar marchas, sino garantizar derechos, entre ellos el derecho a la protesta ciudadana contra el Gobierno. Que el Estado organice marchas desvirtúa su sentido contencioso”, considera la socióloga Noelia Chávez.
“Ningún oficial de la Policía ni de las Fuerzas Armadas debe hacer convocatorias, por más que sean para la paz, pues eso le corresponde o ha debido hacerlo la autoridad política, no un oficial en funciones”, sostiene el ex ministro del Interior Carlos Basombrío.