Oro y muerte. El pasado miércoles 15 de junio, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Caravelí dio inicio a la audiencia de prisión preventiva para las 31 personas detenidas, por los enfrentamientos que causaron la muerte de 14 mineros informales, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, Arequipa.
Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscal de Crimen Organizado, María Cabana Ocsa sostuvo que la empresa Intigold Mining, de propiedad de Rossana Calmet Guazzotti,habría contratado a los presuntos sicarios involucrados en la matanza en Atico.
Si bien la fiscal Cabana no viene solicitando prisión preventiva contra Rossana Calmet, sí dejó en claro que sí se encuentra sindicada como la cabecilla de una presunta organización criminal que cobra “regalías” ilegales a los pequeños mineros y los amenaza y ataca con armas de fuego.
En su exposición la fiscal señaló que los detenidos confesaron que un personal de confianza de la empresa minera los contrató con el objetivo de desalojar al grupo de mineros artesanales de las asociaciones de Calpa Renace y Atico Calpa que se habían asentado en el área de su concesión.
Luego, recordó que, el 2 de junio, agentes de la comisaría de Caravelí se apersonaron en la zona de conflicto donde los mineros artesanales venían siendo hostigados con armas de fuego, las cuales, señaló, fueron provistas a los detenidos, además de chalecos antibalas, en el momento de su contratación.
En otro momento de la audiencia, la fiscal de crimen organizado, aseveró que Aldo José Vilcapuma Aragone, alias “Quaker” y a Juan Gabriel Tejada Alonso, alias “Popeye”, serían las personas de confianza de Intigold Mining, quienes habrían reclutado a los detenidos en Piura, Lambayeque, Lima, Callao y Huaura.
En tanto, El abogado de Intigold Mining, Frank Mello se pronunció sobre las afirmaciones vertidas por la fiscal María Cabana Ocsa en la audiencia de prisión preventiva contra 31 personas, que se desarrolla en Caravelí, Arequipa.
La defensa legal de la empresa minera rechazó las acusaciones y solicitó que la confesión de los detenidos sea probada.
“Al decir empresa, tendrá que decir quién es la persona, ahí se tendrá que esclarecer, quien es la persona con facultades de representación de la empresa que los habría contratado. Nosotros estamos a la espera de que nos notifique para poder ejercer nuestro derecho de defensa”, declaró Mello en RPP.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 31 involucrados, los cuales serán investigados por la comisión de presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado, usurpación, lesiones graves y tenencia ilegal de armas.