Quieren evitar que use la misma estrategia de Bruno Pacheco. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó al Poder Judicial que se le dicte al ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, 36 meses de impedimento de salida del país, así como 9 meses contra seis congresistas investigados por tráfico de influencias agravado, implicados de pertenecer a la presunta organización criminal conocida como ‘Los niños’.
En efecto, no solo al ex titular del MTC se le viene investigando por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, sino que también los parlamentarios de Acción Popular (AP) Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Ilich López, y Darwin Espinoza se encuentran también en proceso de investigación.
Tanto Silva Villegas como los legisladores de AP fueron señalados por la lobista Karelim López de integrar una presunta organización criminal que se habría repartido obras públicas y puestos de trabajo desde el propio MTC, y todo eso supuestamente bajo la venia del mismísimo presidente Pedro Castillo Terrones.
“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado; mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró públicamente en su momento López Arredondo.
La decisión se adoptó en el marco del Caso Puente Tarata – Provías Descentralizado, que involucra al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.
En abril pasado el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción formalizó su investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.
Esto en relación con el proceso de selección de propuestas para la obra ‘Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga’, que se otorgó al Consorcio Puente Tarata III, que estaba conformado por la compañía Termirex S.A.C., a la cual Karelim López brindaba supuestos servicios de asesoría.
De acuerdo con la carpeta fiscal, se presume que el presidente de la República, Pedro Castillo, sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”.
Eran 13 personas que están siendo investigadas por el Caso Puente Tarata; no obstante, solo siete de ellas tienen orden de prisión preventiva, mientras que a las restantes, incluida Karelim López, se les dictó comparecencia con restricciones.
