Política
Fiscalía solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado
También se le solicita 15 y 25 años de cárcel para los ex premieres Aníbal Torres y Betssy Chávez, respectivamente.
Le esperaría un largo periodo entre las rejas. La Fiscalía de la Nación ha solicitado ante el Poder Judicial (PJ) imponer la pena de 34 años de prisión contra el ex presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Todos estos delitos relacionados al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del año 2022.
En tanto, para los ex premieres Betssy Chávez y Aníbal Torres se pide 25 y 15 años de pena privativa de la libertad, respectivamente.
También se requiere prisión preventiva contra los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), así como contra los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Contra todos ellos el Ministerio Público propone 25 de años de cárcel.
El requerimiento acusatorio fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay tras la remoción de Uriel Terán.
Terán Dianderas concluyó la investigación preparatoria por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo a finales de diciembre del año pasado, antes de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, lo retirara del cargo y lo regresara a su plaza de origen en Arequipa.
Pedro Castillo viene cumpliendo prisión preventiva
Cabe recordar que el ex jefe de Estado viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva desde diciembre del año 2022.
Asimismo, la defensa de Castillo ha intentado en múltiples ocasiones dejar sin efecto esta medida. El último fracaso data de diciembre del año pasado, cuando el juez supremo Checkley rechazó el pedido del ex mandatario de revisión de oficio.
El magistrado determinó que los elementos que justificaron que se dicte la prisión preventiva aún subsisten.
Por otro lado, existe una segunda prisión preventiva contra el profesor chotano. Esta es de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
En paralelo, los abogados del exjefe de Estado, así como letrados simpatizantes, han presentado múltiples hábeas corpus ante el Poder Judicial para que se ordene la inmediata liberación del expresidente. No obstante, todos estos recursos han sido rechazados en primera y segunda instancia, por lo que aproximadamente una decena ha llegado al Tribunal Constitucional (TC).
“Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, sostuvo en una ocasión Castillo Terrones ante los magistrados del TC.