Política
Fiscalía solicita 10 años de prisión para Alberto Beingolea y ex funcionarios del Gobierno Regional del Callao
Ex parlamentario y comentarista deportivo habría cobrado por un servicio que no llegó a brindar en el año 2019.
Autogol de media cancha. El Ministerio Público ha solicitado diez años de prisión efectiva contra el abogado y excandidato a la presidencia del Partido Popular Cristiano (PPC) Alberto Beingolea, por el presunto delito de colusión agravada, cuando él se desempeñaba como gerente del Gobierno Regional del Callao en el año 2019.
“El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó 10 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el abogado Alberto Beingolea Delgado y los exgerentes del Gobierno Regional (GORE) Callao, Omar Martín Romero Aquino y Carlos Andrés Palacios Meza, tras encontrar indicios de la comisión del delito de colusión agravada”, informó el Ministerio Público este martes.
La acusación fiscal también alcanza a José Abelardo Izquierdo Rodríguez, quien estuvo encargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios del gobierno regional del Primer Puerto, contra quien piden 9 años de cárcel.
La fiscal provincial Katherin del Pilar Arpe Sánchez ha estado a cargo de las investigaciones y ha encontrado unos 33 elementos de convicción para sustentar su caso por presuntos cobros irregulares.
Según informó el Ministerio Público, Alberto Beingolea fue contratado por el GORE Callao entre febrero y marzo del 2019 para brindar servicios de asesoría legal. Sin embargo, este servicio no se llegó a concretar de forma efectiva.
Esta indagación fiscal se inicia como consecuencia de un reportaje periodístico del semanario Hildebrandt en sus Trece, el cual reveló que el excandidato presidencial por el PPC Alberto Beingolea tuvo contrataciones con el Gobierno Regional del Callao por S/90.000.
El también periodista deportivo rechazó en su momento las acusaciones en su contra, cuando dijo en una entrevista con RPP: «Soy un hombre de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar. Esta celeridad (de parte del Ministerio Público) no es habitual».
Para sustentar el caso, la fiscalía ha incluido un informe de la Contraloría General de la República, la declaración de consejeros regionales y una pericia contable.