Fiscalía pone en riesgo el caso ‘Los Niños’ y dilata investigación por más de 38 meses

El caso “Los Niños”, que involucra a 13 congresistas presuntamente ligados a una red criminal durante el gobierno de Pedro Castillo, está a punto de naufragar no por falta de pruebas, sino por la inacción y desidia del Ministerio Público. El Poder Judicial ha ordenado a la Fiscalía de la Nación tomar una decisión inmediata: archivar el caso o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. El plazo legal de investigación preliminar venció en mayo, y ya han pasado más de dos meses sin que el Ministerio Público se pronuncie.

La resolución judicial busca frenar una situación insostenible: mantener a los investigados bajo un limbo procesal indefinido, lo que vulnera principios básicos del debido proceso y revela una preocupante falta de capacidad institucional para enfrentar casos de corrupción de alto perfil.

Una red criminal bajo la sombra del Congreso

La investigación comenzó hace tres años con una premisa grave: los congresistas habrían formado parte de una red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Se les acusa de operar como su brazo político en el Parlamento, facilitando designaciones ilegales y blindando a funcionarios afines.

Los indicios apuntan a intervenciones en instituciones clave como el Ministerio de la Producción y Migraciones, con el objetivo de copar el aparato estatal. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, el avance ha sido lento, errático y lleno de omisiones inexplicables.

Plazo vencido sin respuestas

En mayo se cumplieron los 36 meses que la ley concede como máximo para la investigación preliminar. Frente a la inacción de la Fiscalía, los abogados de los congresistas Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi presentaron un recurso de control de plazos ante el Poder Judicial, que fue admitido y resolvió presionar al Ministerio Público para definir el futuro del caso.

“El plazo se venció hace más de dos meses y medio. Estamos en una etapa completamente extemporánea”, advirtió el penalista Julio Espinoza. Su colega, Julio Rodríguez, fue aún más enfático: “Este caso refleja el estado de crisis y falta de liderazgo del Ministerio Público”.

Diligencias se postergaron sin justificación

Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la demora en la ejecución de diligencias básicas. Recién en mayo pasado, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de los implicados, una medida que debería haberse adoptado al inicio de la investigación.

“En un caso de corrupción, lo primero es revisar las cuentas y comunicaciones de los investigados. Aquí pasaron tres años sin hacerlo”, criticó Rodríguez. Esta omisión no solo revela negligencia, sino que pone en duda el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la corrupción.

Posibles consecuencias: impunidad y deslegitimación institucional

Si la Fiscalía opta por archivar el caso, los 13 congresistas investigados quedarían libres de cualquier proceso penal por estos hechos, salvo que surgieran nuevas pruebas. Esto beneficiaría a personajes como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Mori, Darwin Espinoza e Ilich López, entre otros.

Aunque el archivo no equivale a una absolución, el mensaje político y social sería devastador: que un grupo de parlamentarios puede estar involucrado en actos de corrupción y salir impune gracias a la lentitud del sistema judicial.

Congreso: juez y parte

En caso de que la Fiscalía presente finalmente una denuncia constitucional, el caso deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Pero aquí surge otro obstáculo: los implicados serían juzgados por sus propios colegas, muchos de los cuales podrían tener vínculos políticos con ellos, o interés en protegerlos.

Como explicó el penalista Espinoza, “incluso si la Fiscalía denuncia, el proceso no avanza sin que el Congreso levante el fuero parlamentario. Y esa decisión es política”. De no hacerlo, la investigación se estancará nuevamente, esta vez por voluntad del Legislativo.

Una Fiscalía paralizada

La debilidad institucional del Ministerio Público en este caso es inocultable. El retraso en diligencias clave, el incumplimiento de los plazos legales y la falta de resultados concretos reflejan un patrón de ineficiencia que trasciende a “Los Niños”.

“No se puede entender que un caso de esta magnitud, con pruebas públicas, testimonios y seguimiento mediático constante, se quede sin avance real durante tres años”, señaló Julio Rodríguez. “La Fiscalía ha demostrado que no está preparada para enfrentar redes de corrupción cuando estas involucran a altos funcionarios del Estado”.

Más allá del aspecto jurídico, el caso “Los Niños” se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional del país. La percepción de que el sistema protege a los corruptos mientras castiga con dureza a los ciudadanos comunes erosiona la ya debilitada confianza en la democracia.

La sociedad civil, los medios y varios sectores políticos exigen una respuesta clara y urgente de la Fiscalía de la Nación. La reciente orden judicial no solo es un llamado de atención, sino una última oportunidad para evitar que otro caso emblemático termine en el archivo, sin justicia ni sanción.

¿Y ahora qué?

La pelota está en la cancha del Ministerio Público. Tiene la obligación de actuar, de dejar atrás la inercia que ha caracterizado su gestión en este caso y definir el futuro del expediente. Archivar el caso sin una investigación seria, sería una claudicación institucional. Presentar una denuncia permitiría al menos avanzar hacia una posible rendición de cuentas, aunque los obstáculos políticos permanezcan.

En cualquier escenario, el manejo del caso “Los Niños” quedará registrado como un fracaso más del sistema judicial peruano en su lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder.