Política
Fiscalía pide 29 años de prisión para Susana Villarán por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS
Ex alcaldesa de Lima habría recibido 10 millones de dólares para su campaña “No a la Revocatoria”, la misma que fue impulsada por varios artistas del medio local.
Ahora ningún artista sale a defenderla en los medios. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó esta mañana la acusación contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, solicitando contra ella 29 años de pena privativa de la libertad por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht y OAS.
El Ministerio Público informó que la denuncia contra la ex burgomaestra trata sobre asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
“La Fiscalía solicitó contra Villarán una pena de 29 años de pena privativa de la libertad, por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de US$10 millones en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio”, detallaron.
Por el delito de colusión, José Domingo Pérez sostiene que la exautoridad edil habría concertado con directivos de las empresas OAS Sucursal Perú y Lamsac con la finalidad de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el 2012.
Ello habría permitido el reajuste de las tarifas de peajes de las vías administradas por Lamsac en el 2013. El principal motivo habría sido recibir un supuesto apoyo económico para su campaña de reelección en 2014.
La acusación incluye a José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros involucrados y exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Contra ellos, José Domingo Pérez solicita penas entre 9 y 25 años de prisión efectiva.
Villarán cumplió prisión preventiva hasta mayo del 2020, cuando fue liberada para que se cumpla arresto domiciliario ante el riesgo de contraer COVID-19 al inicio de la pandemia.
Un año después, el Poder Judicial rechazó ampliar el arresto domiciliario y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país mientras seguían las investigaciones contra la exalcaldesa.