Fiscalía investiga a congresista Rosio Torres y a su esposo Fernando Meléndez por presunto lavado de activos

La Primera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) ha abierto una investigación preliminar contra la congresista Rosio Torres Salinas, su esposo, el exgobernador de Loreto Fernando Meléndez Celis, y su exasesor Jesús Sierra Tapia. La indagación, liderada por el fiscal Eduardo Castañeda Garay, involucra a más de una decena de personas vinculadas presuntamente a una organización criminal dedicada al lavado de activos, colusión agravada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros delitos.

La investigación, identificada en la Carpeta Fiscal N° 86-2024, se inició a raíz de publicaciones periodísticas difundidas en mayo y junio por medios como Diario UNO y Exitosa. El Ministerio Público dispuso un plazo de 120 días para que la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional desarrolle diligencias que permitan verificar la magnitud de los hechos.

Un patrimonio sospechoso de 29 millones de soles

Según la resolución fiscal a la que accedió Diario UNO, la pareja Meléndez-Torres habría acumulado un patrimonio de aproximadamente 29 millones de soles a través de presuntas actividades ilícitas. Para encubrir la adquisición de bienes inmuebles y otros activos, habrían recurrido al uso de testaferros, incluyendo familiares directos, colaboradores cercanos y simpatizantes del partido Alianza para el Progreso (APP).

Entre los investigados figuran los padres de la congresista, Neri Salinas Dávila y Cirilo Torres Pinchi; sus hermanos Pitín Pérez Salinas, Hayda y Herbert Torres Salinas; y su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien ya enfrenta una pesquisa por recorte de sueldos a trabajadores del Congreso. También se ha incluido en la indagación a Flor Ruiz López, una adulta mayor que habría transferido parte de su patrimonio a la madre de la parlamentaria.

El despacho congresal de Rosio Torres también aparece implicado. Entre los excolaboradores bajo investigación se encuentran Samuel Torres Navarro Chichipe y los hermanos Abigail y Christian Ricarte García Díaz. Este último habría comprado inmuebles al contado sin justificar ingresos formales.

Red criminal y uso de fondos ilícitos en campaña

De acuerdo con el expediente, Fernando Meléndez sería el presunto líder de la red criminal. La Fiscalía investiga si utilizó fondos ilícitos —presuntamente vinculados a narcotráfico y minería ilegal— para financiar su campaña con miras a regresar al Gobierno Regional de Loreto.

Asimismo, se le acusa de haber ubicado a exfuncionarios del GORE Loreto en el despacho congresal de su esposa entre 2022 y 2023. Esto habría facilitado la canalización de recursos de origen ilegal hacia el sistema económico formal, mediante el uso de ‘prestanombres’.

En el caso de Rosio Torres, la Fiscalía la señala como la segunda al mando dentro de esta red. Además de estar incluida en las investigaciones por lavado de activos y colusión, también enfrenta acusaciones por concusión, debido a presuntos recortes de sueldos a personal de su despacho. A ello se suma una grave imputación por homicidio, cuyo detalle aún se mantiene en reserva por tratarse de una etapa preliminar.

Compra de inmuebles sin sustento económico

Jesús Sierra Tapia, exasesor de Torres, es otro de los personajes clave en esta investigación. Las autoridades lo acusan de enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras detectar la compra de al menos 81 inmuebles en Lima y Tarapoto, muchos de ellos adquiridos al contado y a precios subvaluados. Se presume que estas propiedades fueron utilizadas como vehículos para ocultar dinero de origen ilícito.

En paralelo, la fiscal Claudia Dávila Chicoma, de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, ha iniciado una investigación independiente (Carpeta Fiscal N° 39-2025) centrada exclusivamente en Sierra Tapia, con base en un informe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional.

Remisión a la Fiscalía de la Nación

Dado que la congresista Rosio Torres cuenta con inmunidad parlamentaria, el fiscal adjunto supremo Mirko Cano ha enviado el caso a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a fin de que se evalúe su inclusión en la Carpeta Fiscal 103-2023, que ya investiga a la legisladora por el delito de concusión.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que, de cara a las elecciones generales de 2026, tanto Rosio Torres como Fernando Meléndez estarían considerando una posible postulación bajo el paraguas político de Fuerza Popular, lo que abre nuevas interrogantes sobre los vínculos entre poder político y presuntas redes de corrupción.