Esta mañana, el Equipo Especial Lava Jato viene ejecutando la orden de allanamiento de las empresas Lima Expresa, Vinci Hightways Perú, y el estudio de abogados Echecopar, los cuales habrían participado en los actos de concertación de ex funcionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas Odebrecht y OAS, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.
Esta medida fue solicitada al Poder Judicial por el fiscal José Domingo Pérez, quien presentó 300 elementos de convicción en su acusación para llevar a juicio oral a la ex alcaldesa, a quien la sindican de haber liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la comuna limeña.
Concretamente, el allanamiento se debe a la investigación por las coimas que habría dado OAS a favor de Villarán para obtener “la extensión del plazo de la deuda y la subida del peaje” en las obras de la Línea Amarilla.
De acuerdo a la tesis fiscal la red criminal de Villarán, conocida como las ‘chalinas verdes’, llegó a obtener más de 11 millones de dólares en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el ‘No a la Revocatoria’ en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.
El pedido de allanamiento del fiscal José Domingo Pérez fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se dispuso el apoyo de la policía Nacional para brindar seguridad al equipo del Ministerio Público que se desplegó a los inmuebles Vinci Highways Perú y Lima Expresa (antes Línea Amarilla), ubicados en Surco, así como a las oficinas del Estudio Echecopar, en San Isidro.
Según la resolución, el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”. El juez Jorge Chávez Tamariz también autoriza el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, cajas fuertes, entre otros”.
El objetivo de la medida es incautar documentos vinculados a las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad Línea Amarilla SAC (LAMSAC), desde que se constituyó en el año 2009 hasta el 2016, así como información sobre empresas nacionales y extranjeras que participaron en la revisión y análisis de dicho proceso.
Cabe recalcar que recientemente Leo Pinheiro, ex titular de la constructora OAS, admitió el desembolso de cuantiosos pagos a favor de la ex alcaldesa de Lima. Según el empresario sentenciado, se derivaron 7 millones de dólares a favor de la gestión de Villarán de la Puente.