La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares en diversas instituciones para recabar información en el marco de las investigaciones de los presuntos delitos contra la administración pública por el uso de las vacunas contra la COVID-19.
El megaoperativo se realiza en el Ministerio de Salud (Minsa), Instituto Nacional de Salud (INS), la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
El fiscal anticorrupción de Lima Norte, Marco Carrasco, llegó a la UPCH e intervino con el apoyo del personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) las instalaciones del centro de estudios clínicos para verificar los documentos con fines de incautación.
Mientras en el Minsa, según Canal N, hubo problemas, ya que el personal no dejó ingresar en un primer momento al personal de la Diviac, quienes finalmente pudieron entrar junto al fiscal Augusto Noble.
En paralelo, en la UNMSM, se realizan diligencias para determinar la cantidad de vacunas que aún se encuentran en custodia en la clínica del centro de estudios.
Previamente se había determinado que de las 100 dosis que posee la universidad, se reconoció que 88 fueron administradas a integrantes directos e indirectos de los ensayos clínicos. Se intenta localizar las vacunas restantes.
En la sede de la Digemid y en el INS, el Ministerio Público verificará los documentos relacionados al caso con fines de incautación. Asimismo, supervisará las cámaras de seguridad.
La finalidad del Ministerio Público es obtener toda la información para determinar si existe el delito contra la administración pública en el marco del caso Vacunagate.