Fiscalía evaluaría diferencias en el trato de Cancillería a los embajadores del Perú en Israel y Egipto

Por Rafael Romero

Ante la crisis del régimen de Dina Bolaurte y con la Fiscalía interviniendo el Ministerio de Cultura y la Cancillería, resulta oportuno detenernos en este último caso porque queda el plazo de seis meses para concluir las diligencias preliminares por supuesto tráfico de influencias, entre otros delitos a determinar.

Además, la Fiscalía acaba de requerir las medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de las personas naturales y jurídicas, que se estime pertinentes, vinculadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. De otro lado, el Ministerio Público solicita las partidas registrales de las propiedades y poderes de los investigados (funcionarios Pedro Rubín, Néstor Popolizio, Edgardo Popolizio, Hugo De Zela y José Betancourt Rivera).

En medio de este caso y a partir de las declaraciones públicas del chef Jesús Alvarado, y de pruebas irrefutables que obran en el archivo documentario de Torre Tagle, resulta pertinente determinar, por parte de la Fiscalía, las similitudes y diferencias en el tratamiento de dos casos: uno, la forma displicente como procedió la alta dirección de la Cancillería respecto del complot contra el diplomático de carrera Fortunato Quesada Seminario, quien fue embajador en Tel Aviv (Israel); y, dos, la forma “tan amable” y “acomodaticia” de esa misma Cancillería respecto de los problemas supuestamente generados por el diplomático de carrera José Betancourt Rivera, cuando era embajador en El Cairo (Egipto).

Será crucial en este caso todo aquello que permita individualizar conductas penales de los involucrados, siendo evidente que se causó un daño irreparable en los derechos laborales y humanos de la parte más débil en este tinglado de una argolla, como es el caso del embajador Fortunato Quesada, el más perjudicado en este desaguisado o entuerto generado desde Lima el primer semestre del 2018.

Será importante para la Fiscalía contar con el Informe de la ORH N° 011-2020, firmado por la ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Fátima Trigoso; así como contar con los números telefónicos de los involucrados y los números institucionales que les fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimento de sus funciones; siendo también relevante contar con el informe documentado que deberá hacer el canciller Schialer respecto del procedimiento de designación de José Betancourt Rivera, a finales del 2024, como especialista de la Oficina de Recursos Humanos, igualmente se debe acopiar toda la data del procedimiento de retiro de dicho embajador en el país africano de Egipto.

A partir de las investigaciones que -cuando están bien hechas- revelan todo con gran detalle, consideramos que tras años de silencio e impunidad todo quedará más claro sobre los autores del complot contra el embajador Fortunato Quesada, sí y solo si bajo la imparcialidad de la Fiscalía. Como contraparte también se sabrá todos los detalles del “buen trato” y las “asimetrías benignas” brindadas al embajador Betancourt Rivera desde Lima hacia Egipto porque, ¿hubo un complot versus una protección institucional? De ser así, ¿ello no sería una desproporción punible pues al parecer la Cancillería le tenía “camote” al embajador Betancourt, pero tirria al embajador Quesada?

No olvidar que la prensa informó el año pasado que el Perú retiró a su embajador en Egipto luego de acusaciones del mal comportamiento de este para con los altos funcionarios del país africano. Además, trascendió que el país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt. Esto informó INFOBAE: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú retiró al embajador del país en Egipto, José Betancourt Rivera, luego de que el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportara a Cancillería sobre malos comportamientos del diplomático ante altos funcionarios y personalidades del país africano”.

Mientras que el periodista de La Encerrona, Jonathan Castro, informó que, el 14 de julio del 2024, Basil Marco envió una carta de cuatro páginas al entonces ministro Javier González-Olaechea, donde describe una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años. El ex cónsul honorario sostiene que él organizó varias reuniones en Alejandría entre el exembajador peruano y personalidades culturales, y del Poder Ejecutivo, como el gobernador de Alejandría, el jefe del Puerto de Alejandría, el almirante de la Marina, el presidente de la Universidad de Alejandría, el decano de la Facultad de Derecho de la misma institución, entre otros. Su primera preocupación, señala, era que Betancourt había tenido interacciones con militares y funcionarios de alto nivel del gobierno egipcio “plagadas de arrogancia y falta de respeto”.

“Lamento informarle que en muchos casos necesité calmar a estos oficiales después de la visita oficial, debido al pobre temperamento del embajador. Para resaltar con un ejemplo que presencié de primera mano: el embajador fue dominante y exigente con el jefe del Puerto de Alejandría, en vez de intentar iniciar un diálogo constructivo con él. Debido a la importancia de las relaciones personales para cualquier misión diplomática, estas interacciones lastimaron el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales entre el Perú y Egipto”, dice en la misiva dirigida a González-Olaechea.

Luego, afirma que Betancourt le pidió organizar varias reuniones con sus propios recursos y sin el apoyo de la embajada peruana. “En mis 32 años como cónsul honorario de Perú en Alexandría, ninguno de sus antecesores demandó que estos eventos sean organizados por mi cuenta sin ningún tipo de apoyo de la embajada. Con los anteriores embajadores, numerosos eventos han sido organizados de manera colaborativa (…). Creo que estos ejemplos resaltan una actitud preocupante por parte del embajador peruano, debido a que reflejan mal los valores y compromisos de la misión peruana en Egipto”, precisa.

También informó el periodista Castro, que Egipto, a través de una misiva enviada a Torre Tagle el jueves 19 de septiembre del 2024, agradeció la salida del funcionario de la sede diplomática: “Se complace en informar el gran agradecimiento al Canciller peruano Elmer Schialer y así extender el mismo a la presidenta Dina Boluarte, al haber realizado el retiro de quien era el Embajador peruano en Egipto”, se lee en la carta.

“Es así que el canciller egipcio, Dr. Badr Abdelatty se encuentra muy agradecido por la rápida y comprensiva respuesta a tan delicada situación, y cómo fue manejada por el lado peruano, siendo así que salvaguarda y mantiene las relaciones bilaterales entre ambos países. Del mismo modo, cabe señalar que dicha resolución demuestra el interés de colaboración, diálogo y así conseguir logros bilaterales”, añaden.

Como se recuerda, destapes periodísticos entre el 2023 y 2024 han determinado que, contra el embajador peruano en Israel, Fortunato Quesada, se perpetró desde Lima una conspiración. No obstante, a partir de publicaciones de INFOBAE de setiembre del 2024, se conoció otro affaire, el del embajador José Betancourt, entonces con desempeño en la República Árabe de Egipto. ¿Frente a esos dos casos la Cancillería actuó con coherencia e integridad?

Por nuestra parte, ante la historia reciente de Torre Tagle, cabe preguntar: ¿urge una reorganización de la Cancillería al evidenciarse una argolla de funcionarios con gran poder que se superpone al paso de los cancilleres? ¿Esa Cancillería es la que procedió a sancionar a Quesada, pero no lo hizo con Betancourt, incluso premiándolo laboralmente pese a los cuestionamientos de los funcionarios de Egipto, de INFOBAE y “La Encerrona”?

Dentro del marco del interés público, cabe preguntar: ¿qué pasó en Egipto y qué fue lo que determinó el retorno apresurado del embajador Betancourt a Lima, más allá de las versiones egipcias de que se portó mal con algunos de sus funcionarios gubernamentales? De otro lado, ¿es cierto que la embajada de Egipto en Lima emitió una nota donde agradeció a la Cancillería peruana por el retiro del embajador Betancourt de El Cairo? ¿Podría decirse que una nota de ese tipo equivale a declararlo “persona non grata”? Además de que, quizá, una Resolución Suprema como la N° 151-2024-RE, del pasado 10 de setiembre, ¿no debió de explicar el motivo de su retiro de Egipto y de su retorno a Lima?

A partir de la investigación fiscal ¿se sabrá que el canciller Schialer decidió retirarlo antes para no dañar las relaciones bilaterales peruano-egipcias?  Y si el retiro de la embajada peruana en Egipto fue intempestivo, por malentendidos con las autoridades egipcias, entonces ¿por qué la Cancillería no abrió un proceso administrativo disciplinario que aclare todos los puntos de este caso?

¿Schialer mantendrá ante la Fiscalía el silencio cómplice, el blindaje y la política del avestruz? ¿No es grave que como canciller haya firmado, en medio de un supuesto favoritismo, la Resolución Ministerial N° 0871-2024-RE, del 19 de noviembre de 2024, con la cual se designó a José Betancourt como asesor Especializado de la Ofician General de Recursos Humanos, con eficacia anticipada, del 15 al 25 de noviembre de 2024, es decir, cuando apenas dejó la embajada del Perú en El Cairo?

Sin duda, el Ministerio Público tiene un gran caso por desentrañar.