La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Jhousy Aburto Garavito, ha comunicado la denuncia penal en contra de los altos mandos de la Policía Nacional por el presunto homicidio agravado en contra de los dos jóvenes manifestantes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las protestas realizadas en contra del entonces presidente Manuel Merino.
Estos oficiales acusados son: el teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo; los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez.
Ellos han sido integrados en la investigación por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud —en la modalidad de asesinato con alevosía—, lesiones graves y leves, y contra la administración pública —en la modalidad de abuso de autoridad—, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, en el caso del teniente general Jorge Lam Almonte, en su calidad de comandante general (e) y sub comandante general PNP, se le imputa ser autor mediato, en dominio de organización, de la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Así como también, lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad al haber ordenado y emitido disposiciones para la realización de las operaciones policiales en las protestas de noviembre.
Siguiendo la misma línea, al general Jorge Luis Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales, se les sindica como coautores de los mismos delitos, al haber ejecutado la represión policial indiscriminada y distribuido los roles específicos con sus subordinados.
De acuerdo al Ministerio Público, estos oficiales, abusando de su alta jerarquía dentro de la estructura policial, habrían ordenado el uso de la fuerza pública, de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas, para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el nuevo gobierno de Manuel Merino de Lama.
