Fiscalía declara compleja investigación a la Cancillería de Perú: ¿único caso en América Latina?

Por Rafael Romero

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, a través de sus despachos contra la corrupción de funcionarios, declaró compleja la investigación a la Cancillería del Perú (Ministerio de Relaciones Exteriores). En concreto en la carpeta fiscal de marras se harán las indagaciones por el supuesto delito de tráfico de influencias contra los funcionarios que resulten responsables, pero la autoridad fiscal tiene la prerrogativa de ampliar la investigación respecto de otros tipos penales si en el camino encuentra hechos que lo justifiquen.

En este caso hay dos ángulos noticiosos que destacar. Uno, que con esa actuación fiscal el Ministerio Público no solo cumple con su labor de titular de la acción penal; sino que también, en segundo lugar, sin ser su función específica, llena el vacío dejado por otras instancias del Estado, como la propia Cancillería y la PCM, quienes no han hecho nada a través de sus órganos de integridad y ética pública; o como el Congreso de la República, donde su Comisión de RREE nunca hizo control político y con absoluta desfachatez cogobierna con Dina Boluarte.

De otro lado, estamos ante un caso de mucho contenido mediático y que habla bien de la Fiscalía Anticorrupción por sus rápidos reflejos para abrir una carpeta a partir de “noticias críminis” reveladas tras el escandaloso abuso perpetrado por funcionarios de la Cancillería contra el entonces embajador peruano en Israel, Fortunato Quesada Seminario, en el 2018.

Desde entonces, en años subsiguientes a la fecha, sucedió que la prensa ha desempeñado una importante labor de fiscalización que ahora el Ministerio Público empieza a desentrañar, teniendo en sus manos contenidos que debe ser materia de investigación dentro de la carpeta fiscal 2025-144-0 (5to DFECOF), y ahí están los informes de comunicación como “La Encerrona”, INFOBAE, Revista Lima Gris, Diario UNO, EXPRESO, La República y El Comercio, porque aportaron nuevos hechos.

De modo que, estaríamos ante un caso único, especial y extraordinario en América Latina, donde la Fiscalía de un país (Perú) investiga a los funcionarios de la Cancillería, en este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Dina Boluarte, pues no tenemos hechos similares o tan sonados en los países vecinos, desde el Río Bravo, en México, hasta la Tierra del Fuego, en Chile.

Ahora, siendo toda investigación fiscal reservada, desde Lima Gris solo podemos informar asuntos generales como el hecho de que por ocho meses se realizarán las pesquisas preliminares y según lo que se vaya descubriendo ese plazo se podría extender por más tiempo. Pero, desde la perspectiva periodística, entre los hechos investigables, el Ministerio Público puede considerar:

1. 1) La existencia de una argolla de poder conformado por altos funcionarios de la Cancillería que hacían y deshacían en diversos aspectos de la administración pública (desde al año 2016 a la fecha).

• 2) El pedido de un canciller al entonces jefe de protocolo en Palacio de Gobierno, Fortunato Quesada, para que le informe y delate todo lo que hacía el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016).

• 3) Complot desde Lima, en combinación con un funcionario dentro de la embajada del Perú en Israel, para hacerle una trampa al embajador Fortunato Quesada y sacarlo del cargo con un escándalo fabricado y propalado por un programa periodístico dominical usando audios ilegales, editados y descontextualizados (hechos entre fines del 2017 al mes de junio del 2018).

• 4) Actos irregulares y conspiración durante el gobierno de Martín Vizcarra junto a altos funcionarios de la Cancillería peruana para impedir el asilo del entonces presidente Alan García en la República del Uruguay (desde finales del 2018 hasta abril del 2019).

• 5) Declaraciones públicas en medios de comunicación del chef Jesús Alvarado y su carta donde confiesa y proporciona los nombres de los funcionarios que hacen los complots dentro de la Cancillería peruana (declaraciones del 2023 al 2024).

• 6) “Registros de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en dicho complot, fedateados en sus 31 folios por el jefe de la sección consular en la embajada del Perú en Israel. En esos registros se revela que el funcionario Pedro Rubín le decía a José Boza: “Si me ofrecen la jefatura de un consulado general pequeño en Europa no tengo el menor inconveniente”. Y Boza le respondía lo siguiente: “Ok. Ya te cuento lo que piensen el 1 y el 2 al respecto”. En el folio 22 del documento, Rubín también le escribe a Boza: “Si estás ocupado lo dejamos para el lunes. Hoy estoy un poco ajustado de tiempo. Lo único que te quiero pedir es que me ayudes. Hablando con colegas pareciese que yo soy culpable de todo. El lunes paso para despedirme de Néstor (Popolizio) y que me vuelva a asegurar que me cambiará a Valencia.” No obstante, Pedro Rubín fue puesto en un consulado general, y si bien no fue en Valencia, sí lo enviaron a Río Branco (Brasil).

• 7) Esos 31 folios de WhastApp, que obran en los archivos de la Cancillería, demostrarían que los funcionarios Popolizio y De Zela estaban al tanto del complot porque no era posible que no supieran acerca de las comunicaciones de un jefe de gabinete ministerial, como José Boza; y un ministro consejero (MC), como Pedro Rubín. Lamentablemente, Dina Boluarte no hace nada pese a ser quien dirige la política exterior, sobre todo cuando existen las declaraciones del exservidor de la embajada del Perú en Israel, el chef Jesús Alvarado, afirmando que las personas de Hugo de Zela, José Boza (ya fallecido) y Pedro Rubín son los autores del complot bajo la coordinación de Néstor Popolizio.
• 8) Documentos de la Oficina de Recursos Humanos y el informe de la Comisión Disciplinaria (2018 – 2019), que concluyó que hay grabaciones no autorizadas contra el embajador Fortunato Quesada, y señaló que las mismas fueron filtradas a un medio de prensa. Pero, mediante Resolución Viceministerial N° 0337-2019/RE de 13 de diciembre del 2019, solo se abrió un PAD a Pedro Rubín, mas no a Popolizio; y se tiene también que Rubín, junto a su abogado, reconoció que fue la propia Cancillería quien le dijo que se contacte con la periodista Cueva, de Panorama, porque se necesitaba de un escándalo para sacar a Quesada de la embajada del Perú en Israel.
• 9) Informe de la ORH, que afirma: “según el ministro consejero Pedro Rubín y su defensa legal, el embajador Boza Orozco había actuado en cumplimiento de indicaciones de su jefe directo, el entonces canciller Embajador Néstor Popolizio y con la anuencia del entonces Viceministro Embajador Hugo de Zela Martínez”. Pero el numeral 2.7 del citado informe es más revelador, al asegurar textualmente que “El 28 de mayo de 2020, el abogado del MC Rubín Heraud, letrado Guillermo Gómez Guilfo, entregó al Jefe de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de esta Oficina General, un escrito donde afirmaba que el imputado informó a la Superioridad de todo lo que acontecía en Israel el 17 de mayo de 2018; que fue el embajador Boza Orozco, por encargo de la Superioridad, quien se contactó con la directora del programa “Panorama”, que fue el Embajador Boza quien insistió que el MC Rubín se contactara con la mencionada directora y le proporcionó su teléfono, sin pedírselo; que el MC se negó a acudir a la prensa, que el entonces Canciller y el Viceministro estaban al tanto de todo lo acontecido mucho antes del programa “Panorama” y que deseaban “colgar” a Quesada Seminario».

1. 10) Documentos de la Cancillería peruana y de la embajada del Perú en Egipto que revelarían un trato diferenciado cometido por la supuesta argolla de poder y por sus altos funcionarios respecto del embajador José Betancourt, sobre la base de la información publicada  por el periodista Jonathan Castro, de “La Encerrona”, cuando reveló el 14 de julio del 2024 que Basil Marco (cónsul egipcio) envió una carta de cuatro páginas al entonces canciller Javier González-Olaechea, donde le describió una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años en la embajada del Perú en Egipto. Asimismo, otro periodista, Ricardo Mc Cubbin (de INFOBAE), el 20 de setiembre del 2024, publicó: “Perú retira a su embajador en Egipto luego de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios. El país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt”; y acotó lo siguiente: que “el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportó a la Cancillería peruana sobre malos comportamientos del referido diplomático ante altos funcionarios y personalidades de Egipto”.

1. 11) Investigar si existe una nota de la República de Egipto con la cual esta agradece al Perú por la remoción de José Betancourt del cargo de embajador en dicho país africano. Este hecho es delicado pues a dicho funcionario José Betancourt no se le abrió un proceso disciplinario, como sí se hizo con el embajador Fortunato Quesada, y aun por el contrario se le premió a Betancourt con un alto puesto en la Cancillería en Lima (año 2024 nombrado de especialista en el área de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Sin duda, de cara al saneamiento de la administración pública del Perú, donde todos los ciudadanos debemos ejercer la cultura de la denuncia, hay mucho por hacer; pero, lamentablemente, la Cancillería peruana no es la excepción para ser pasible de investigación fiscal, quedándole un reto importante al Ministerio Público liderado por la fiscal suprema Delia Espinoza, frente a una descomposición cada vez mayor en la función pública, donde los casos de corrupción de funcionarios llenan las redacciones de los medios de comunicación y ya es tiempo de ponerle un pare seguro y concreto.