Que no queden impunes las muertes de los civiles. Ayer, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; y los ministros del Interior, Víctor Rojas; y de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de extitular del Interior, según informó en su cuenta en Twitter.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
De esta manera se formalizó lo anunciado por la fiscal de la Nación sobre el inicio de una investigación contra altos funcionarios por las muertes -18 hasta el momento- ocurridas durante las protestas en Juliaca, Puno.
En declaraciones a la prensa desde Trujillo, la titular del Ministerio Público aseguró que estas pesquisas son diferentes a las que se iniciaron en diciembre del 2022.
“En diciembre se ha abierto una investigación y el día de hoy se está abriendo otra investigación a los altos funcionarios que sean presuntamente responsables de todo lo que está ocurriendo”, afirmó.
Benavides evitó precisar por qué delitos serían estas indagaciones y señaló que esto está en proceso de calificación para su posterior comunicación oficial.
La presidenta Boluarte saludó la decisión del Ministerio Público al iniciar diligencias previas por las muertes y lesiones que dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en diciembre del 2022.
“La presidenta Dina Boluarte saluda la decisión de la fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre del 2022″, indicó la Presidencia de la República a través de Twitter.