Política

Fiscalía allana vivienda y oficina de Vladimir Cerrón en Huancayo

Allanamiento se realiza por disposición judicial.

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Esta mañana, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron la casa del líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la ciudad de Huancayo. La vivienda de dos pisos se encuentra ubicada en el barrio de La Ribera de la referida ciudad.

Respecto a la oficina, el allanamiento se realizó exactamente en el interior 225 ubicado en el tercer piso del edificio que se encuentra en el cruce de las calles Breña y Real, de la ciudad de Huancayo. En dicho inmueble, los agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de la Fiscalía, que sería procedente de Lima, iniciaron la diligencia aproximadamente a las 9 de la mañana.

Al respecto, Cerrón Rojas, vía Twitter, rechazó las intervenciones dispuestas por el Poder Judicial.

“Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño y ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento”, escribió el médico cirujano en sus redes sociales.

Además, calificó la medida como un “abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente”.

También la bancada de Perú Libre expresó su rechazo a las diligencias que se desarrollaron esta mañana.

La banca de Perú Libre expresa el rechazo al abuso de autoridad contra el líder del partido de Perú Libre. En estos momentos está siendo allanada su casa por segunda vez, sin la presencia de los propietarios ni abogados”, destacaron.

Como es de conocimiento, personal del Ministerio Público y la PNP realizaron un primer allanamiento de la vivienda de Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín, el 28 de agosto del año pasado.

En ese entonces, la diligencia fue dispuesta por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos en el marco de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de Perú Libre a través de cobros realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.

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