La Fiscalía abrió una investigación contra la mujer que agredió a la presidente Dina Boluarte durante su última visita a Ayacucho.
La carpeta fiscal fue abierta contra Ruth Bárcena Loayza, presidenta de la Asociación de familiares de asesinados y heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
Dina Boluarte participó en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos y cuando se dirigió a los pobladores para lanzarles caramelos, Bárcena Loayza burló las medidas de seguridad y se acercó a la mandataria para encararla, en ese momento, Ilaria Aimé, madre de un adolescente que recibió un disparo durante la masacre en Ayacucho, jaló del cabello a la mandataria.
Posteriormente, a través de una ‘constancia de enterado’ publicada por Epicentro, el jefe de la Unidad de Seguridad del Estado en Ayacucho, teniente PNP, Pierr Paredes, notificó que esta indagación ya está a cargo del fiscal Brechman Muñoz Lapa, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga.
En la constancia policial, se lee que se ha programado recabar la declaración de Bárcena Loayza como imputada “en compañía de un abogado defensor de su libre elección, para lo cual se le adjunta la respectiva notificación policial”.
Para el próximo viernes 26 de enero, el fiscal Muñoz Lapa dispuso también que testifiquen tres mandos policiales: el mayor Danny Ancco Loayza, el suboficial Hermogenes Hoyos Silva y el general Edgar Horna Moreno, jefe de la Región Policial Ayacucho.
Por su parte, la investigada Bárcena Loayza acudió ayer al Ministerio Público acompañada de sus abogados Yuri Martínez y Jesús Llallahui y dejó un escrito: “En la investigación seguida en mi contra por la supuesta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio de Dina Ercilia Boluarte Zegarra […] por derecho propio, recurro ante su digno despacho a efectos de apersonarme”.
A través de los mismos abogados, un escrito similar entregó a la Fiscalía, Ilaria Aimé, aunque ella no fue notificada por una investigación en su contra.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo, ante este caso, declaró que toda agresión a una autoridad del Estado no debe quedar impune.
“Es condenable […] Pareciera que hay una cultura de falta de respeto a la autoridad, y eso origina que llegue un momento en que se agrede a las máximas autoridades”, expresó a los medios.