Fiscalía abrió investigación a Rafael López Aliaga por usurpación de funciones y abuso de autoridad por despedir a trabajadores CAS

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuando inició su gestión despidió a miles de trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y que tenían contratos indefinidos.

Por ello, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María investiga al burgomaestre capitalino, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y omisión de funciones, por haber despedido a los trabajadores mencionados.

Esto gracias a la denuncia que hizo un extrabajador, que arbitrariamente fue despedido el primer día que López Aliaga asumió la Municipalidad de Lima.

La carta de despido que recibió el extrabajador, la firmó la entonces subgerente de personal de la MML, Maritza Cecilia Casaverde Méndez, quien, según la denuncia, no tenía la facultad de dar por finalizados los contratos CAS. En tanto, ella también está incluida en la investigación, por presunta usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad. Señala Infobae.

Documento fiscal que abre investigación preliminar contra Rafael López Aliaga.

“Dicho acto administrativo fue emitido en día inhábil, ya que 1 de enero del 2023 fue domingo y feriado para todo efecto administrativo. Asimismo, se contravino las normas jurídicas de orden público, toda vez que fue notificado el día 2 de enero del 2023, en donde ilógicamente informaron que el contrato habría concluido el 31 de diciembre del 2022, evidentemente sin la anticipación previa requerida —5 días hábiles previos a la culminación del contrato—”, reveló el despedido en su denuncia.

Todo sucedió el 2 de enero de 2023, cuando el personal de seguridad impidió el ingreso al extrabajador municipal, y a otros cientos de exservidores CAS indefinidos, porque fueron cesados intempestivamente por el alcalde Rafael López Aliaga.

El vínculo laboral del extrabajador había adquirido la calidad de indefinido gracias a la Ley 31131. El Tribunal Constitucional, al declarar parcialmente inconstitucional dicha norma, mantuvo el párrafo que establecía que los contratos CAS vigentes al 10 de marzo de 2021 obtenían automáticamente carácter indefinido, por lo que “pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada”.

Debido a este caso, la Fiscalía citó a Rafael López Aliaga a dar su declaración indagatoria para la quincena de setiembre de 2023; sin embargo, el burgomaestre, solicitó declarar de modo virtual y lo sorprendente fue que, durante la sesión, habría optado por acogerse a su derecho a guardar silencio.

Continuación del documento fiscal que abre investigación preliminar contra Rafael López Aliaga.

A pesar que el plazo de la investigación preliminar ya venció, el Ministerio Público continúa realizando diligencias; en esa línea, a mediados de diciembre de 2023, la Fiscalía recibió del Poder Judicial copias del recurso de nulidad que planteó la MML contra la resolución de SERVIR que ordena reincorporar al exservidor que denunció penalmente a Rafael López Aliaga y a la subgerente de personal, Maritza Cecilia Casaverde Méndez Casaverde.

Rafael López Aliaga pidió a la MML que costee los honorarios de su abogado

Asimismo, el alcalde Rafael López Aliaga pidió a la Municipalidad de Lima que asuma los honorarios de su abogado, Javier Alarcón Prieto.

MML gastó 48 mil soles en nuevo abogado del alcalde Rafael López Aliaga.

En su propuesta de honorarios, el abogado elaboró una “apreciación preliminar de la defensa a desplegar”, según reproducción de Infobae, a continuación:

“El hecho por el cual se ha denunciado el delito de usurpación de funciones, corresponde al ejercicio de actos administrativos de una funcionaria distinta al alcalde, la señora subgerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Maritza Casaverde), en los que el señor alcalde no ha emitido una orden expresa, directa o formal para el despido. (…) Todos los cuestionamientos están dirigidos a funciones correspondientes al área administrativa, concretamente a la Subgerencia de Personal, por lo que no son imputables al señor alcalde”.

Sin embargo, esta apreciación preliminar del caso que pretende limpiar a López Aliaga, se desconfigura, debido a la propia exposición que dio Maritza Casaverde en la conferencia de prensa del 2 de enero de 2023. En su intervención, la funcionaria, además de negar la pandemia por la COVID-19, reconoce que el cese masivo de trabajadores es una iniciativa de Rafael López Aliaga para destinar recursos a otras áreas.

“Nosotros, con el alcalde Rafael López Aliaga, vamos a hacer una reducción de personal que va a significar unos 103 millones que va a ser trasladado para que podamos atender los servicios que la comunidad de Lima tiene que tener: las ollas comunes, el agua, la infraestructura. En estos 2 días (desde que RLA juró como alcalde) que hemos tenido, hemos estado haciendo un análisis y hemos evidenciado que en muchas áreas ha habido personal contratado que no asistía a laborar, que por la pandemia, pseudo pandemia, no han sido verificados ni por médicos ocupacionales”, refirió la funcionaria edil.

Extrabajador le ganó en los tribunales de Servir a Rafael López

El extrabajador que denunció penalmente a Rafael López Aliaga presentó una apelación ante Servir contra su despido arbitrario e irregular que dispuso la Subgerencia de Personal de la MML y el Tribunal del Servicio Civil falló a su favor y determinó que efectivamente tenía la condición de CAS indefinido y nunca hubo una causa justa debidamente comprobada para dar por concluida la relación laboral. Entonces, se declaró fundada la apelación y se ordenó a la Municipalidad de Lima a reponer al extrabajador en su mismo cargo.

Servir emitió fallo en contra de la MML.

Pese a ello, López Aliaga hizo caso omiso al mandato de Servir y el extrabajador decidió demandar a la MML ante el Poder Judicial. En esta instancia también obtuvo un fallo favorable: un Juzgado de Trabajo ratificó la resolución de Servir y ordenó a la comuna restituir al demandante “en el puesto de trabajo que ostentaba u otro de similar naturaleza, respetando la remuneración que tenía antes de su cese”.

El Poder Judicial falló en contra de la MML.