No calculó bien su último movimiento y eso le podría costar muy caro a la hasta ahora candidata presidencial Keiko Fujimori quien anoche realizó una conferencia de prensa respecto a la petición de anulación de 800 actas electorales, teniendo como compañero de mesa al ex congresista Miguel Torres, quien también se encuentra investigado por el caso “Cócteles” y en la que estaría vinculada la transnacional Odebrecht.
El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado esta mañana al juez Víctor Zúñiga que se reemplacen las limitaciones que tiene Keiko Fujimori desde abril de 2020 por la orden de prisión preventiva tras haber constatado que la acusada por lavado de activos y otros delitos incumplió normas de conducta fijadas por el Poder Judicial en el contexto del caso Cócteles (Odebrecht).
Según el documento presentado por el fiscal Domingo Pérez, Fujimori incumplió la prohibición de comunicarse con testigos o coinvestigados del caso, siendo uno de ellos el excongresista Miguel Torres, quien acompaño a la candidata ayer por la noche en una conferencia de prensa.
De acuerdo al petitorio del fiscal Pérez se recuerda que no es la primera vez que la lideresa del partido naranja incumple las reglas: “la acusada Keiko Fujimori Higuchi sistemáticamente viene incumpliendo la regla de conducta de no comunicarse con los testigos”, cita el documento enfatizando en que se le exhortó a la hija del dictador Alberto Fujimori seguir las normas en mayo y junio del 2020.
El hecho principal de la revocatoria que se solicita contra Keiko Fujimori por prisión preventiva radica en que “se ha advertido como hecho público y notorio [la conferencia de prensa del miércoles último] que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales en la que la acusada presentaba al testigo como abogado y vocero politico de la persona jurídica incorporada al proceso Fuerza Popular”.
Resulta necesario precisar que el pedido fiscal se ampara en que, cuando se le dictaron restricciones a Keiko Fujimori en abril de 2020, la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado señaló que debían cumplirse dichas normas “bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público”.
Tras este pedido, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, debe convocar a una audiencia en las próximas horas para definir si Keiko Fujimori, acusada por los aportes ilícitos a sus campañas en 2011 y 2016, continúa con sus restricciones o debe volver a prisión preventiva.
Caso Cócteles de Fuerza Popular
Los cócteles de la lideresa de Fuerza Popular fueron actividades organizadas por el partido fujimorista para recaudar fondos a fin de solventar la campaña presidencial de su lideresa.
Los hechos evidencian que para la campaña del 2016 Fuerza Popular organizó seis actividades de recaudación, es decir, media docena de cócteles. En estos eventos, según reportó el mismo partido fujimorista, se recolectó 4 millones 606 mil 218 soles.
Los cócteles eran eventos a los que los invitados llegaban tras haber adquirido tarjetas con precios oscilaban entre los 250, 350 y 500 dólares por persona.
En un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos del 2018, sin embargo, se señala que el partido fujimorista solo pudo justificar una parte de los recolectado, a través de “la relación de las personas que adquirieron las tarjetas de las actividades proselitistas que se desarrollaron el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2016”.
En esa línea, se resolvió que el partido de Keiko Fujimori solo pudo documentar el 30% del total de lo recolectado, es decir 1 millón 432 mil 701 soles.