El 03 de marzo sin presencia de la Policía Nacional, un grupo de fiscales apareció a las 5:30 de la mañana en la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esa misma mañana frente a los medios el titular del Mininter señaló: “Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”.
Santiváñez cuestionó que las diligencias en su vivienda hayan sido motivadas por las presuntas declaraciones de dos testigos protegidos, las mismas que calificó como “chismes”.
Tras nueve días del allanamiento, fuentes de la Fiscalía aseguran que la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, habría solicitado una nueva orden de allanamiento de la casa del ministro Juan José Santiváñez y de la clínica donde estaría la historia clínica de Dina Boluarte.
¿Un acto de desesperación? Según nos informan, en los pasillos de la fiscalía durante los últimos días se respira una atmósfera inquietante. Sin duda, Santiváñez es el ministro que más dolores de cabeza le ha dado al sector caviar del Ministerio Público.
En las próximas horas, el juez Juan Carlos Checkley deberá resolver los pedidos de la fiscal de la Nación. Fuentes también informaron que los allanamientos se declararían fundados por información que tendrían en su contra ex agentes DIVIAC.
Para algunos la fiscal de la Nación Delia Espinoza actúa con desesperación, para otros, ella tendría su propia agenda. El nuevo allanamiento a la casa de Santiváñez y la clínica donde se atendió Boluarte Zegarra se estarían ejecutando en las próximas horas con el apoyo y la rúbrica del juez Checkley.
Desde el Congreso cuestionan a Delia Espinoza
Congresista Fernando Rospigliosi consideró que el allanamiento de la semana pasada se trataba de una represalia de la fiscal de la Nación.
“Sin duda, es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior, dado que el ministro del Interior ha defendido una ley aprobada por el Congreso que devuelve la investigación preliminar a la Policía y el ministro había señalado que iba a denunciar a la fiscal de la nación», indicó.
Por su parte la parlamentaria Tania Ramírez mencionó: es «la primera vez que he visto un caso que, por abuso de autoridad, se allanen viviendas. Hay casos más graves, como por ejemplo el caso de la señora Barreto y de otros fiscales que son casos más graves imputables, pero no les allanan hasta ahora sus viviendas», cuestionó.
Finalmente, el congresista Jorge Montoya manifestó: «Tenemos que ver bien el tema porque no es un tema fácil de manejar, es complicado. Todo está apuntándose para que sea censurado el ministro del Interior. Yo pregunto, ¿qué propuestas nuevas están dando los que quieren censurarlo? Por dichos, no vamos a juzgar a las personas, los dichos afectan la honra. En este momento, su casa ha sido intervenida».