Fiscal de la Nación incluye a Pedro Castillo dentro de las investigaciones de lo que sería una presunta organización criminal dentro del MTC

No sabe, no se acuerda. El último cuestionario que respondió el presidente de la República Pedro Castillo para la fiscalía se pudieron constatar que las respuestas más recurrentes del mandatario fueron “no lo sé, desconozco, no me acuerdo”. Sin embargo, ahora que el propio Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, lo incluyera en las investigaciones relacionadas a una presunta organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el presidente Castillo no podrá repetir la misma estrategia si realmente pretende demostrar su inocencia.

Dichas pesquisas también comprenden al ex ministro de Transportes, Juan Silva, y a seis congresistas de la bancada de Acción Popular, sindicados de pertenecer al presunto grupo criminal ‘Los Niños’ de propia boca de la empresaria Karelim López, debido a la cercanía de éstos con el presidente Castillo.

En febrero pasado, en su declaración a la Fiscalía como aspirante a colaboradora eficaz, López acusó al mandatario y a Silva de liderar una red criminal en el  MTC para otorgar licitaciones de manera irregular. Desde entonces, los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en el actual Gobierno no han cesado.

En esa línea, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso que se investigue al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, “sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de la investigación”.

Agregó que la pesquisa, abierta contra el extitular del MTC y los legisladores a principios de mayo, “fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.

Para esta decisión, Sánchez habría evaluado los informes remitidos por las fiscalías provinciales de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, los que advierten indicios suficientes en grado de sospecha de la presunta participación del mandatario en la organización criminal que encabezaría junto a Silva. Esta información se habría recabado a partir de las declaraciones de un colaborador eficaz.

De acuerdo con la tesis fiscal, en esta presunta mafia también estarían involucrados, entre otros personajes, el empresario Zamir Villaverde, los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, además de funcionarios de Provías Descentralizado.

Asimismo, el Ministerio Público también resaltó que el presidente “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.

Es preciso señalar que el referido artículo de la Carta Magna establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias regionales o municipales, por disolver el Congreso fuera marco constitucional y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

El Ministerio Público también informó que el mandatario fue notificado de la disposición del fiscal de la Nación y que se ordenó “su declaración indagatoria”, como parte de otras diligencias que “permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”.

Lo dispuesto por Pablo Sánchez dista de lo establecido antes por su predecesora, Zoraida Ávalos, quien a comienzos de enero pasado abrió dos investigaciones preliminares a Pedro Castillo por los casos PetroPerú y Puente Tarata. Sin embargo, ordenó que los actos de investigación se efectuaran al término de su gestión; es decir, en el año 2026.