El caso del expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el que estuvo acusado de irregularidades en la compra de pruebas rápidas del Covid-19, fue archivado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.
Ante la cuestionada decisión de no presentar una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra Cornejo y archivar la investigación contra él, Villena Campana, intentó excusarse y dijo:
«No creo que sea un beneficio. (…) Nosotros los fiscales trabajamos bajo el principio de objetividad. Hacemos las investigaciones; esta investigación ha tenido muchas actuaciones, se han recabado muchas declaraciones, documentación, información y en la resolución de la disposición está detallado todo el procedimiento”.
Y añadió que, no encontraron ningún indicio de que se haya cometido algún delito en el proceso de adquisición de pruebas rápidas de descarte del Covid-19.
«Se ha determinado que, en efecto, al menos hasta el momento de la investigación, no hay indicios de corrupción. (…) No recuerdo exactamente quién presentó la denuncia, pero se han realizado muchas diligencias y recopilado numerosas declaraciones. Varios ministros están involucrados, y se ha detallado cómo han intervenido en estos hechos».
Exministro de Salud Víctor Zamora también salió librado de ser acusado por comprar las inservibles pruebas rápidas del Covid.
Del mismo modo, omitió formular una denuncia constitucional contra los exministros del gobierno de Vizcarra Cornejo, entre ellos, María Antonieta Alva, María Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora. Todos ellos eran acusados del delito de colusión simple y por una supuesta negociación incompatible.
El fiscal Villena, también confirmó que las compras de las pruebas rápidas fueron un pedido del Instituto Nacional de Salud (INS), por lo que se descartó que haya sido el resultado de un negociado entre los exministros.
“Nosotros en la fiscalía de la nación tenemos un área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. En estas áreas trabajan varios equipos de fiscales que actúan bajo la dirección de especialistas. (…) Lo que se tiene que buscar esencialmente es un delito de colusión, es que tengamos indicios de que ha habido justamente, un acuerdo entre el funcionario público y, en este caso, las empresas. El Instituto Nacional de Salud es quien recomienda justamente la adquisición, eso descarta de que hayan sido los investigados quienes se hayan coludido”, concluyó. Como se recuerda, el pasado 9 de febrero el pleno del Congreso aprobó el informe final que recomendó denunciar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Economía, María Antonieta Alva, y la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza por la compra de pruebas rápidas; sin embargo, dicha denuncia ya fue archivada.