Política

Fiscal de la Nación archivó acusación contra Dina Boluarte por muertes en protestas

La investigación por genocidio contra la mandataria no va más, porque el ‘fiscal interino’ Juan Carlos Villena acaba de archivarla. Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén ha mostrado su júbilo y asevera: “Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”.

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Mediante una reciente resolución, el Ministerio Público archivó de manera definitiva la investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por el delito de genocidio y otros cargos. Asimismo, contra Pedro Ángulo Arana en su condición de presidente del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de ministro de Defensa; César Cervantes Cárdenas, en su condición de ministro del Interior; Víctor Rojas Herrera, también en su condición de ministro del Interior; Jorge Chávez Cresta, en su condición de ministro de Defensa y Vicente Romero Fernández, también en su condición de ministro del Interior, como presuntos autores del delito contra la humanidad, en la modalidad de GENOCIDIO, en agravio de la sociedad y , otros.

El júbilo del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha sido evidente, ya que él fue el encargado de dar a conocer esta noticia, y destacó que “poco a poco la justicia se abre paso”.

Según la disposición N° 17, del martes 30 de julio, de las carpetas acumuladas al caso N° 277-2022 en el Ministerio Público: “No hay mérito para acusar constitucionalmente a la presidenta y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio”.

Disposición fiscal que archivó denuncia por genocidio contra Dina Boluarte y exministros.

Dina Boluarte ya no será procesada por muertes durante protestas en Ayacucho

Como se recuerda, este caso había sido generado a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas en Ayacucho, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, lo que había llevado a la denuncia fiscal por genocidio, interpuesta por la exfiscal inhabilitada Patricia Benavides Vargas.

Asimismo, el premier Adrianzén calificó la denuncia como “un despropósito” y señaló que esta decisión judicial reafirma esa postura.

De acuerdo a la parte resolutiva de la disposición fiscal, se establece claramente “archivar definitivamente los antecedentes en el presente caso en el extremo del delito contra la humanidad en la modalidad de genocidio”.

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