Política
Fiscal de la Nación anuncia la creación de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos en Puno
Entidad se encargará de investigar a fondo las muertes registradas durante las protestas en esa región.
El Ministerio Público informó ayer que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo una reunión de trabajo con los coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas y equipos especiales para la evaluación y seguimiento de los principales resultados de gestión.
A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía anunció que en el encuentro se acordó informar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas para el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad.
En ese sentido, Benavides anunció que uno de los acuerdos ha sido la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos para la región Puno.
«Se ha dispuesto que el distrito fiscal de Puno cuente con una fiscalía especializada en derechos humanos para que se haga cargo de las preguntas graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dicha región«, dijo la fiscal de la Nación mediante un pronunciamiento difundido en TV Perú.
Adicionalmente, también se creará una nueva fiscalía superior de derechos humanos, cuya coordinación nacional estará a cargo de la fiscal Marena Mendoza.
La magistrada descartó que se haya debilitado la fiscalía de derechos humanos y aseguró que durante su gestión se han logrado avances importantes pese a las limitaciones en el presupuesto.
«Es falso que se haya debilitado las fiscalías de derechos humanos; por el contrario, es la primera vez que el Ministerio Público, a pesar de las limitaciones presupuestales, decidió que las fiscalías de derechos humanos sean independientes de las fiscalías de terrorismo. Esta decisión obedece a la necesidad de aplicar el enfoque de derechos humanos en las investigaciones especializadas en las graves violaciones de derechos humanos«, señaló.
Por último, la fiscal de la Nación detalló que, tras las protestas originadas desde diciembre de 2022, a la fecha se han iniciado 254 investigaciones que comprenden 16 carpetas fiscales relacionadas a las 49 personas fallecidas en las manifestaciones.
Apuntó que la entidad que preside vela por no sindicar el alzamiento de voz de la población como un «crimen»; sin embargo, mencionó que deben realizar las indagaciones correspondientes para establecer las causas y los responsables de los decesos y un presunto ataque de las fuerzas del orden a los individuos.
En el Ministerio Público somos respetuosos de los derechos internacionales, también sabemos del derecho a la protesta pacífica, lo que no corresponde a hechos de violencia. No criminalizamos la protesta, pero debemos investigar», culminó.