Por Jorge Paredes Terry
El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional tomó la decisión de declarar nulo el juicio oral contra Keiko y su organización, decisión cuestionable, no solo porque representa una burla a las víctimas de la corrupción, sino que sienta un precedente peligrosísimo para la impunidad en el país.
Su reciente resolución por el caso «Cócteles» que ordena su retroceso a la etapa intermedia, es un golpe devastador para la lucha contra la corrupción y una victoria resonante para las fuerzas del crimen organizado.
La resolución, amparada en supuestas «irregularidades» en la acusación, ignora la montaña de evidencia que vincula a Fujimori y a su presunta organización criminal con el lavado de activos y la financiación ilícita. No se trata de una simple anulación técnica; es una maniobra calculada para dilatar el proceso indefinidamente, enterrando bajo el peso del tiempo la posibilidad de una condena justa. La resolución se apoya en el precedente del caso José Chlimpler, un precedente que, lejos de ser un faro de justicia, se erige como un ejemplo de la manipulación del sistema judicial para proteger a los poderosos.
Es crucial entender que esta decisión no implica la inocencia de Keiko Fujimori ni el archivo del caso «Cócteles». La resolución anula el juicio oral, pero la acusación sigue en pie, la evidencia sigue existiendo, y la sombra de la preesunta corrupción sigue planeando sobre la lideresa fujimorista y su entorno. Intentar presentar esta resolución como una absolución es una manipulación descarada de la verdad. Es una victoria pírrica para las mafias, una victoria que se celebra en la oscuridad, mientras la justicia peruana agoniza.
El Tribunal Constitucional, con la resolución sobre el caso Chlimpler, se convierte en cómplice de la impunidad. Su responsabilidad histórica será inmensa, su legado, una mancha indeleble en la historia del Perú. La lucha contra la corrupción no se detiene con esta resolución; al contrario, se intensifica. La sociedad civil, los fiscales y los jueces honestos deben redoblar esfuerzos para contrarrestar este golpe y exigir la rendición de cuentas de aquellos que se creen por encima de la ley. La impunidad no es una opción; la verdad, sí. La lucha continúa.
