Fernando Rosales Cirilo es designado como el nuevo auditor del Parlamento

El Poder Legislativo se encuentra envuelto en una larga y cuestionadísima lista de controversias respecto, primer que nada, a su legitimidad, pues nuestros ‘padres de la patria’, en distintos gobiernos, han encontrado en ese poder del Estado una fuente inagotable de beneficios que es pagado por todos los peruanos, los cuales son defendidos con ‘uñas y dientes’ cuando son descubiertos, tanto así que los congresistas se olvidan a qué partido político e ideología pertenecen. Estos nuevos ‘reyezuelos’, oportunamente, tienen lagunas mentales cuando se les pregunta por la compra de nuevos televisores, o frigobares, o alfombras, o buffets, etcétera.

Los casos de mal uso del dinero entregado al Congreso lindan incluso con presuntos casos de corrupción, observándose precios inflados, empresas recién constituidas que realizan cuantiosos contratos con el Congreso, trabajadores fantasmas, una inusitada cantidad de ‘consultorías’, lo cual ha originado la indignación de la mayoría de los peruanos.

Ante ello, la Mesa Directiva del Congreso de la República designó ayer a Fernando Luis Rosales Cirilo como nuevo auditor general de la Oficina Auditoría Interna del Congreso.

“(…) acordó designar al señor Fernando Luis Rosales Cirilo en el cargo de confianza de Auditor General de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso; por lo que agradeceré tenga a bien disponer las acciones necesarias para formalizar el destaque del mencionado profesional”, se lee en el oficio del presidente del Congreso, José Williams, hacia el contralor general Nelson Shack.

Asimismo, el presidente del Parlamento le informó a Shack que se dio por concluida la designación de Paula Cecilia Martínez Ramírez como Auditora General del Congreso.

Fernando Luis Rosales —una de las tres propuestas que entregó la Contraloría al Congreso junto a Milagros Bertha Razuri Valdivia y Rosario del Pilar Benites Vilela— ha sido jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) en el Ministerio de Defensa y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento del Congreso precisa que el auditor general de ese poder del Estado puede recabar información de cualquier dependencia del servicio parlamentario.

“En forma periódica a y cuando se le solicite, informa a la Mesa Directiva y al Consejo Directivo sobre el desarrollo de sus funciones, y en forma obligatoria al término de cada ejercicio presupuestal”, precisa la norma del Congreso.

Más de 8 mil actos irregulares detectados en funcionarios públicos.

Asimismo, en el último año la Contraloría ha encontrado responsabilidades de actos irregulares en 8.730 funcionarios públicos. El 75% son directivos y dentro de ellos están comprendidos 130 titulares de entidades públicas que todavía continúan trabajando en estas instituciones. De acuerdo con el Contralor General de la República, Nelson Shack, ya se ha remitido la lista de estos funcionarios al Ejecutivo para que tome las medidas correspondientes.

“Esta semana hemos enviado al Poder Ejecutivo la lista —y haremos lo propio la próxima con los gobiernos regionales y locales— de los funcionarios que laboran en esas entidades del Gobierno para que procedan de inmediato con las sanciones administrativas que están dentro de su competencia. No se trata solo de detectar, sino también de que la ciudadanía no siga viendo que malos funcionarios públicos siguen detrás del escritorio, siguen trabajando, siguen haciendo daño. De repente no en una entidad y ya se cambiaron a otra, pero todo el mundo sabe que siguen trabajando. Tenemos que cerrar el ciclo del control”, dijo en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República.