En el Perú el femicidio es un grave problema social que puede considerarse un problema de salud pública. La violencia que lo precede en muchos casos se da en el marco de la pareja o de relaciones personales.
A pesar de que este fenómeno social ha estado presente a lo largo de la historia, aún existen falencias en su reconocimiento social. Es un problema que transgrede moral, física y psicológicamente a la víctima, previo a su muerte, a sus familiares y a su entorno social.
Para la salud pública como campo interdisciplinario, el reto es innovar en políticas públicas y programas para un abordaje integral, dada la complejidad de este problema social, que trascienda el enfoque tradicional. Es posible avanzar desde la formación crítica, para la transformación de prácticas institucionales actuando tanto en entidades estatales como en instituciones profesionales y técnicas.
En el año 2022, la Defensoría del Pueblo ha identificado 137 casos de femicidio, además de las muertes violentas de 111 mujeres con características de femicidio. Si bien, en relación al año 2021 se produjo una variante de casos, por lo que se ha observado un ascenso de 7,0%. ¿Se puede decir que con estas cifras la situación de violencia de género en el país está mejorando? (https://tinyurl.com/bdfwu4nk)
La comisionada Carolina Garcés Peralta de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que “el número de casos puede ser un parámetro, pero no es el más relevante” porque lo importante es tener en cuenta que a pesar de que las cifras de femicidios, suban o bajen, las tentativas se mantienen igual.
Sobre esto, se advierte que existe un incremento de 12 de casos de muertes violentas en comparación del año 2021, en el que se registraron 39 muertes violentas. Asimismo, en solo un mes, es decir de noviembre (8) a diciembre (13) del año 2022, se incrementaron en cinco los casos de femicidio.
Esto evidencia que las diversas medidas enfocadas en prevenir esta forma de violencia extrema no están siendo efectivas. Lo que agrava aún más la situación son los altos índices de impunidad, ya que en muchas ocasiones las víctimas han denunciado otros tipos de violencia, antes de ser asesinadas. Aquí el Estado, a través de sus operadores de justicia, tiene que desplegar políticas y acciones para su especial protección. Esta situación resulta insuficiente dada la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus agresores.
Si observamos de cerca a otra dimensión tan importante como la del bienestar físico, dirigimos la atención hacia la violencia psicológica. Según datos de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hubo un notable crecimiento en la capacidad del Estado para atender a las mujeres o miembros de familia víctimas de agresión psicológica.
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está reconocido en el ámbito internacional, en numerosos tratados y pactos de derechos humanos, y en el ámbito nacional, en distintas leyes que contienen disposiciones orientadas a erradicar prácticas de violencia, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a denunciar e investigar ese tipo de sucesos, a sancionar a las personas responsables y a brindar asistencia integral a las víctimas y/o supervivientes.
Este derecho es un derecho indivisible e interdependiente de otros derechos humanos, y para que sea efectivo en la práctica, es necesario que el Estado asegure el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que a las restricciones de derechos, las carencias y dificultades generales que sufren las personas privadas de la libertad, se añaden otras que derivan de su propia condición. Ello, expone a las mujeres y a otras personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad a múltiples factores que incluyen también el mayor riesgo de ser víctimas de actos de tortura y otros malos tratos.
La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia fallos institucionales y de procedimiento que han agravado el riesgo de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para innumerables mujeres de todas las regiones del mundo, señalan los expertos.
El informe del ex Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, publicado en marzo de 2020, señala en la sección “Cibertortura” del tercer capítulo “Tortura psicológica”: “Una esfera que suscita especial inquietud y no parece haber recibido suficiente atención es el posible empleo de diversas formas de tecnología de la información y las comunicaciones (‘cibertecnología’) con fines de tortura. Aunque el Consejo de Derechos Humanos ha abordado en repetidas ocasiones la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, la tortura se ha entendido principalmente como un instrumento utilizado para obstruir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet y no como una violación de los derechos humanos que podría cometerse mediante la cibertecnología”. (https://tinyurl.com/2559734w)
En septiembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas reconoció como víctimas de cibertortura a las víctimas de acoso organizado y tortura electrónica.
Luchemos contra todo tipo de violencia y corrupción a nivel personal y social, especialmente por la realidad social que vivimos en nuestro Estado.
