Faltas de la directora del PRITE Buenos Aires de Villa

Por Rafael Romero

Con fecha 23 de marzo del 2024, desde esta redacción, enviamos a la funcionaria pública Susana Ponce Napa, directora del PRITE Chorrillos de Villa – UGEL 07, una solicitud de entrevista periodística y un pedido de información respecto del accidente de trabajo del servidor Jesús Antonio Calderón Ormeño, ocurrido el 30 de mayo del año pasado.

Han transcurrido los días, incluso con la puesta en conocimiento de esta solicitud al despacho de la entonces ministra Miriam Ponce, hoy reemplazada por el señor Morgan Quero, entre otras altas autoridades del Ministerio de Educación (MINEDU), de la DRELM y de la propia UGEL 07, pero no hemos recibido respuesta alguna. Por ejemplo, es importante conocer el informe que elevó la directora del PRITE Buenos Aires de Villa a la entonces directora de la UGEL 07, Gloria Saldaña.

Es más, vía WhatsApp también ha sido convocada dicha autoridad para abordar el hecho público y delicado de un accidente de trabajo dentro de la entidad educativa que dirige, pero no se ha conseguido ninguna respuesta, ya sea positiva o negativa, pese a que está obligada como funcionaria del Estado a rendir cuentas.

Bajo esa circunstancia, procedimos a enviar una solicitud reiterativa con fecha 9 de abril y por mesa de partes virtual con los respectivos pedidos de información de interés público (Exp. MPT2024-EXT-0253735). Por tanto, esperamos respuesta, mucho más cuando existe la ley de transparencia, de ética en la función pública, y los códigos de buena conducta del Minedu y de la propia UGEL 07, que así lo plantean, sobre todo cuando el accidente de trabajo del servidor Jesús Calderón dejó secuelas en su salud que han sido desatendidas por mucho tiempo.

Preguntamos, ¿en este caso qué ha hecho el jefe de Recursos Humanos de la UGEL 07, Jean Marco Velásquez, quien lleva en esa entidad 20 años por lo menos? ¿A qué funcionaria envió él para entrevistarse con la directora del PRITE Buenos Aires de Villa el día del accidente?

Además, resulta importante conocer si se conformó o no una comisión investigadora del hecho lamentable en el cual Jesús Calderón sufrió un TEC (trastorno encefalocraneano), así como fracturas de una costilla y de la clavícula derecha, con necesidad urgente de operación quirúrgica que lamentablemente nunca se realizó.

Es importante conocer, ¿cuál fue el papel y las medidas que adoptaron frente al accidente los funcionarios de la UGEL 07 de nombre Alcides Gerardo Damián Amaya (especialista en Seguridad y Salud) y Miguel Duque Chávez (responsable del control de asistencia del Área de Recursos Humanos). Ellos, ¿qué abordaron en representación de la UGEL 07 junto a la servidora pública Susana Ponce, directora del PRITE Buenos Aires de Villa? ¿Dónde están las investigaciones y los informes que ambos evacuaron y si de los mismos tiene conocimiento el trabajador accidentado Jesús Calderón Ormeño?

Por tanto, sería bueno que la directora (e) de la UGEL 07, Graciela Marilú Zárate Solano, pueda marcar la diferencia frente a Gloria Saldaña, abriendo las puertas y recibiendo a la familia Calderón con el objetivo de transparentar todo y conocer si se cumplieron las normas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para esta clase de eventos.

Del mismo modo, las autoridades de Educación deben responder si estuvieron preparadas frente al riesgo de los accidentes de trabajo. ¿Desarrollaron y ejecutaron las medidas preventivas y de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Entregó la UGEL 07 el presupuesto para tener al día los equipos y las medidas preventivas contra accidentes y para su respectiva promoción con el objetivo de evitarlos (Decreto Supremo N° 005-2012-TR)?

Finalmente, el caso se torna más delicado cuando el servidor Jesús Calderón, a raíz de este caso vendría siendo maltratado, sobre todo dadas las secuelas del accidente que le dejaron el habla balbuceante, porque incluso es miembro del Consejo Educativo Institucional (CONEI) pero no estaría siendo convocado a las reuniones de este órgano de participación, concertación y vigilancia de la institución educativa pública que colabora con la promoción y el ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática.