Viaje mortal. El ex contralor general Edgar Alarcón Tejada falleció este martes mientras se dirigía en un bus de la empresa CIVA rumbo a Ayacucho. Durante el trayecto el vehículo de transporte interprovincial se precipitó por un barranco en el sector Apacheta, vía de Los Libertadores.
De acuerdo con Exitosa, los familiares de Alarcón Tejada se presentaron en la terminal Civa en La Victoria, Lima; sin embargo, optaron por no declarar.
Al momento, la Dirección de Salud de Ayacucho dio cuenta de 14 heridos y 13 fallecidos producto del accidente de tránsito.
Asimismo, desde el Congreso de la República se publicó un mensaje vía X en donde enviaban sus condolencias a los familiares del ex parlamentario.
Fiscalía detrás de las causas del accidente
Por su parte, la Segunda Fiscalía Penal de Huamanga inició diligencias sobre el accidente ocurrido esta mañana en la vía Los Libertadores, en la que perdieron la vida 13 personas, entre ellas el ex contralor Edgar Alarcón.
“El fiscal provincial Juan Ames Blas informó que se dispuso recabar la lista de pasajeros y documentación de la empresa de transportes y del vehículo, tomar las declaraciones de los testigos y pasajeros ilesos, así como efectuar el levantamiento de los cuerpos”, informó el Ministerio Público.
Investigaciones en su contra
Por otro lado, Edgar Alarcón enfrentaba un juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito al tener un incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos como contralor general de la República. Por este hecho, el Congreso lo destituyó en 2017.
Años después, en 2020, Alarcón fue elegido como congresista para completar el periodo parlamentario 2016-2021. Sin embargo, fue suspendido de sus funciones en 2021 tras ser acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito cuando era contralor general.
El proceso penal contra Alarcón ya estaba en etapa de juicio oral. Ahora con su sensible fallecimiento, la Sala Suprema Penal Especial declarará la extinción de la acción penal y archivará la causa.
La Fiscalía solicitaba 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de la función pública por 20 años, una pena de multa por un total de S/202.121,50, y el pago de una reparación civil de cinco millones 522 mil 243.72 soles.