Fabricio Valencia Gibaja: entre órdenes de servicio y minería informal

En medio de una creciente indignación nacional, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta duras críticas por dos decisiones emblemáticas de su cuestionada gestión: la reducción del perímetro protegido de las Líneas de Nasca y Palpa, y las jugosas órdenes de servicio a la señora Shirley. Ambos casos exponen una alarmante tendencia: el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el avance de intereses privados, incluso ilegales, sobre el patrimonio cultural del país.

Nasca y Palpa: el tijeretazo al patrimonio

Una de las medidas más escandalosas del ministro Valencia fue la drástica reducción en un 42% del área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, pasando de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados. Esta área, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga cientos de geoglifos milenarios que aún no han sido completamente estudiados.

Según el ministro, la decisión responde a un “proceso de optimización técnica”, supuestamente respaldado por estudios internacionales. Pero el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversas organizaciones patrimonialistas han calificado esta medida como irresponsable y servil a intereses extractivos.

Reducir el área protegida es abrirles la puerta a los mineros informales que desde hace años intentan ingresar a esa zona. No hay justificación científica ni técnica que respalde semejante atentado. Lo que hay es una larga lista de empresas mineras que vienen acechando la zona con vínculos al partido Alianza Para el Progreso de César Acuña.

El nuevo perímetro excluye zonas con presencia de geoglifos no mapeados y áreas que desde hace décadas estaban en proceso de conservación. Como resultado, la actividad minera informal ha comenzado a avanzar peligrosamente hacia sectores antes resguardados, según informes locales. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura señalan que detrás de esta maniobra estaría el acalde de Nasca, Jorge Bravo (APP), y un grupo de mineros con vínculos políticos que operan en la región de Nasca.

Alcalde de Nasca, Jorge Bravo.

El caso Shirley Hopkins: miles de soles sin título universitario

Otro de los episodios que ha revelado el deterioro ético en la gestión de Valencia es la contratación de Shirley Hopkins, quien fue contratada para un puesto clave del sector Cultura sin contar con título universitario, lo que violaría la Ley Servir y los lineamientos del propio Ministerio.

Pese a las advertencias internas y la denuncia en Lima Gris, el ministro primero defendió públicamente su nombramiento, alegando experiencia en el sector. Sin embargo, en nuestra investigación revelamos que Hopkins no solo carecía del título profesional exigido, sino que tenía un vínculo previo con miembros del entorno político del ministro, lo que refuerza las sospechas de un caso de favoritismo político encubierto.

Esta contratación fue la gota que colmó el vaso para varios sindicatos del sector, que denunciaron una “política de nombramientos a dedo” en diferentes direcciones regionales de Cultura, entre ellas la de Cusco, donde el intento de imponer al controvertido Régulo Franco también provocó protestas laborales.

Ayer los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco realizaron un paro de 24 horas, una advertencia que anunciaría la caída de los oscuros negocios digitados desde Palacio de Gobierno.

Una gestión a espaldas de la cultura

La gestión de Fabricio Valencia Gibaja está siendo cada vez más percibida como opaca, ineficaz y favorable a intereses ajenos al sector cultural. Todo esto a que pesar que su padre fue un arqueólogo respetado y su madre  es una antropóloga que hasta el momento continúa sin pronunciarse sobre la gestión de su hijo.

A ello se suma su estilo autoritario, evidenciado en los múltiples conflictos con trabajadores del Ministerio y en las decisiones unilaterales que han derivado en protestas, paros y demandas judiciales, como ocurrió en el caso de la venta de boletos para Machu Picchu.

El ministro, lejos de corregir el rumbo, ha optado por minimizar las críticas y aferrarse al cargo, blindado políticamente por sectores del Ejecutivo que ven en él una ficha útil para facilitar concesiones y recortes en zonas estratégicas. Antes defendía el patrimonio y ahora desde el piso ocho de la sede central del Mincul parece que su tarea es lotizar nuestro legado cultural.

El caso de las Líneas de Nasca y Palpa y la designación de Shirley Hopkins no son hechos aislados, sino síntomas de una política cultural desvirtuada. En lugar de fortalecer la protección del patrimonio y profesionalizar la gestión, el ministro Fabricio Valencia Gibaja parece empeñado en desmantelar lo avanzado, abriendo camino a la informalidad, el clientelismo y el debilitamiento institucional.

En tiempos donde el Perú necesita reafirmar su identidad y proteger su riqueza histórica, la pregunta cae por su propio peso: ¿al servicio de quién está el Ministerio de Cultura bajo la gestión de Valencia?