Exportar reos a El Salvador: maquillaje para un fracaso penitenciario

La reciente propuesta de la congresista Katy Ugarte para trasladar a reos peruanos de alta peligrosidad a cárceles en El Salvador ha desatado un intenso debate público. Por un lado, un sector de analistas la tilda de inconstitucional, inviable e incluso absurda; por otro, ciudadanos comunes —sobre todo quienes sufren a diario los estragos de la criminalidad— ven en la idea una medida necesaria para castigar con mayor rigor a los avezados cabecillas del crimen organizado. En el imaginario colectivo, estas cárceles extranjeras, particularmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, representan un infierno sin privilegios, donde los delincuentes “pagan de verdad” sus crímenes. A diferencia de Perú, donde algunas cárceles se han convertido en resorts del crimen.

Presentado como un proyecto de ley en el Congreso de la República, el plan se justifica con el argumento de reducir la sobrepoblación carcelaria, que ya sobrepasa el 150 % en el país, e impedir que las mafias sigan operando desde los penales y, supuestamente, ahorrar recursos al Estado. Sin embargo, detrás del aparente pragmatismo de la propuesta se esconde una preocupante crisis de gestión penitenciaria, una peligrosa cesión de soberanía judicial y una estrategia que, lejos de atacar la raíz del problema, simplemente lo traslada literalmente fuera de nuestras fronteras.

Este proyecto exige un análisis más profundo, no solo desde la logística penitenciaria, sino también desde la sociología del poder, los derechos humanos y la gobernabilidad. Lo que parece una genuina política pública de seguridad, en realidad revela un fracaso estructural del Estado para reformar su sistema penitenciario.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) la megacárcel creada por el hoy mayormente popular presidente Nayib Bukele en El Salvador, ha ganado notoriedad mundial por sus métodos radicales. Las imágenes de miles de reclusos rapados, alineados, bajando la cerviz y semidesnudos han sido interpretadas por muchos como símbolo de orden y disciplina.

Que el premier Eduardo Arana haya viajado a El Salvador a inicios de 2024, y que el Ejecutivo actualmente evalúe adoptar este modelo carcelario, no es casual. En un contexto de baja aprobación presidencial, el gobierno de Dina Boluarte busca desesperadamente proyectar imagen de firmeza ante el crimen, apelando al populismo punitivo como salvavidas político. Mostrar “mano dura” podría resultar rentable electoralmente, sobre todo en los sectores populares más golpeados por la criminalidad, como San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres o Villa El Salvador.

No obstante, cabe preguntarse: ¿es esta realmente una solución eficaz o simplemente un paliativo mediático?

Desde una perspectiva sociológica, este tipo de propuestas no resuelven las causas estructurales del delito. El crimen organizado no nace en las cárceles: se alimenta de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el abandono institucional. Las cárceles son apenas la última estación del trayecto. Pensar que enviar reos al extranjero desarticulará redes criminales es tan ingenuo como creer que barrer la basura bajo la alfombra limpia una casa. Las bandas no dependen de un solo líder encarcelado, sino de estructuras complejas con tentáculos territoriales y económicos que seguirán operando con o sin sus cabecillas.

El traslado de reos al extranjero también plantea serias preguntas éticas, jurídicas y económicas. ¿Qué tipo de soberanía judicial conserva un país que permite que otra nación custodie, alimente y discipline a sus ciudadanos condenados? ¿Cuál será el verdadero costo para el Estado peruano? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se estima que paga alrededor de 20 mil dólares al año por cada convicto confinado en el Cecot. ¿Estamos dispuestos a asumir una carga similar, solo para aparentar control?

Además, si el Cecot es denunciado por violaciones de derechos humanos contra reclusos peruanos, ¿quién asumirá la responsabilidad? Las ONG ya han alertado sobre las condiciones extremas en esta prisión salvadoreña. Eventuales indemnizaciones internacionales terminarán siendo pagadas, como siempre, por el contribuyente peruano.

Los promotores del proyecto sostienen que “es más barato enviar a los delincuentes fuera” que mantenerlos en penales dominados por mafias. Pero esta afirmación, lejos de ser un argumento de peso, constituye una confesión del fracaso estatal. El Estado peruano no solo es incapaz de controlar sus cárceles, sino que, en lugar de invertir en mejorar el sistema penitenciario, opta por tercerizar el castigo, como una especie de servicio subcontratado.

Este tipo de propuestas evidencia una forma de populismo punitivo que ofrece resultados inmediatos en encuestas, pero que no garantiza seguridad a largo plazo.

Tampoco es cierto que esta medida ayude a reestructurar el sistema penal. No construirá nuevas cárceles, no modernizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), no fortalecerá la Policía Nacional del Perú, ni evitará que miles de jóvenes de los barrios más vulnerables ingresen a las bandas criminales por necesidad. No es una política pública de seguridad integral, sino un mero maquillaje de emergencia diseñado para calmar momentáneamente la indignación ciudadana. Más preocupante aún es el precedente que se sentaría: convertir el encierro en una mercancía internacional.

En definitiva, esta iniciativa parlamentaria no representa una solución real, sino una maniobra cosmética para ocultar el verdadero problema: el Estado peruano ha perdido el control de su sistema penitenciario. Y como suele ocurrir con los paliativos, pueden calmar el dolor por un rato, pero no curan la enfermedad.