Como se sabe, Juan Carlos Liendo O´Connor fue designado por la presidenta Dina Boluarte, como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) el 18 de diciembre del 2022, mediante la Resolución Suprema N° 357-2022-PCM, sin embargo, a las dos semanas siguientes, el 3 de enero del 2023, el coronel EP (r) presentó su renuncia irrevocable al cargo. Y desde ese momento, ha sido uno de los más feroces críticos del mandato presidencial de Boluarte Zegarra. En esa línea, Liendo vertió sus opiniones respecto al reciente Consejo de Estado realizado en Palacio de Gobierno y le restó importancia a la convocatoria organizada por la mandataria y la calificó como un «té de señoras».
El Consejo de Estado no tiene carácter vinculante ni jurídico
El especialista en seguridad afirmó en una entrevista con Canal N, que el Consejo de Estado no tiene ningún carácter vinculante, jurídico, legal ni administrativo.
«El Consejo de Estado es simplemente un consejo consultivo, no tiene ningún carácter vinculante, jurídico, legal ni administrativo. No está en la Constitución y no forma parte de ningún sistema administrativo del Estado. Comentando con compañeros decían que este es un té de señoras que no aterrizan en nada concreto», sostuvo.
Asimismo, Juan Carlos Liendo cuestionó los acuerdos adoptados en el Consejo de Estado e indicó que no hay una persona que sea la responsable de ejecutarlos.
«Son puntos desconectados. No hay una persona responsable de ejecutarlos, no hay un plan. Es como que tengas las llantas de tu vehículo desinfladas y hagas una lista de los parches que necesitas (…) Aquí no están descubriendo la pólvora, el problema no es de ayer, es de años», añadió Liendo.
En el ‘Consejo de Estado’ se adoptaron algunas medidas
Durante el Consejo de Estado, la presidenta de la República Dina Boluarte anunció una serie de medidas para fortalecer el sistema carcelario en el Perú y destacó la construcción de nuevos centros penitenciarios como parte de los acuerdos alcanzados, e indicó que se busca aliviar la situación de hacinamiento en las prisiones del Perú, mejorando sus infraestructuras.
«Hemos acordado disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario. Establecer un marco legal que eleve las sanciones penales para los corruptores de servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas», anunció la mandataria.
