Nuevamente el Colegio de Arqueólogos del Perú, a través de los integrantes del Consejo Directivo Nacional y las Presidencias de los Consejos Regionales Sedes Norte, Sureste y Suroeste (COARPE) se muestran indignados y exigen la renuncia de la ministra de Cultura Leslie Urteaga, porque luego de analizar la última propuesta de modificación del Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, rechazan tajantemente al artículo que específicamente propone la eliminación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos de Superficie (CIRAS), porque de ser así, se traduciría en una destrucción masiva del patrimonio arqueológico inmueble, teniendo en cuenta que no existe una base grafica completa de sitios arqueológicos, ni de los CIRAS emitidos en años anteriores.
Comunicado N° 005-2023- COARPE.
Asimismo, el gremio de arqueólogos solicita que se implemente a la brevedad las mejoras logísticas y el aumento de personal especializado para atender de modo eficiente las solicitudes de CIRAS en las Direcciones Desconcentradas de Cultura y en la sede central. Así como como miembros de la orden, ellos consideran que deben manifestar sus opiniones, observaciones y sugerencias al proyecto del decreto Supremo en mención para que eventualmente sean remitidos debidamente y mediante correo electrónico al Ministerio de Cultura.
Comunicado de COARPE (Parte 2)
No obstante, el Consejo Directivo Nacional, las Sedes regionales norte, sureste y suroeste reiteran su exigencia de destituir inmediatamente a la ministra de Cultura Leslie Carol Urteaga Peña, por sus continuas intenciones de desproteger el patrimonio arqueológico inmueble y por ir en contra de los objetivos de la Creación del Ministerio de Cultura.
Consultamos sobre el tema al abogado especialista en patrimonio cultural inmueble Fabricio Valencia y esto fue lo que nos dijo:
“Derogar la normativa que regula el CIRA sin establecer un procedimiento similar parecido, y simplemente derogarlo sin una razón justificada, es completamente atentatorio contra el patrimonio cultural, porque en lo sucesivo las empresas que quieran ejecutar proyectos, ya no necesitarán un CIRA y por lo tanto no tendrían un freno para ejecutar sus obras. Y lo que me llama la atención es que no haya una justificación en la norma que diga por qué se pretende quitarlo o derogarlo”.