Ex ministro aconseja a Pedro Castillo acogerse a confesión sincera tras aparición de decreto que ordenaba la disolución del Congreso

Consejo de ‘pata’. Alejandro Salas, quien presidió los despachos de Trabajo y Cultura durante el mandato de Pedro Castillo, le aconsejó ayer que se acoja a la confesión sincera ante el hallazgo del decreto que certificaba la disolución del Congreso de la República, así como la convocatoria a nuevas elecciones.

La prueba, difundida en la víspera por el programa Contracorriente, fue encontrada por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge después del fallido autogolpe.

“Está bien que la verdad vaya saliendo, es algo que yo había manifestado […] lo mejor que podía hacer el expresidente es someterse a la confesión sincera, a decir por qué leyó ese discurso, quiénes lo ayudaron a materializar ese discurso, porque no solo traicionó a una población expectante, sino también a quienes lo ayudamos en democracia”, dijo el exministro en una entrevista para Exitosa.

Consideró que esta prueba, junto con los nueve chips prepago del operador Movistar, “marca un inicio” para “llegar a la absoluta verdad de quiénes lo indujeron o ayudaron” a orquestar la artimaña. Salas también explicó que no puede visitar al exmandatario, a quien defendía de manera tenaz, porque es un testigo de la investigación por rebelión y conspiración.

“Soy respetuoso de las normas procesales. La última vez que hablé con él fue después del mensaje para decirle que había cometido un delito. A mí me da mucha lástima la situación de Pedro Castillo, es un ser humano que yo lo he visto quebrarse por su familia. Me gustaría visitarlo para aconsejarle que se someta a la confesión sincera”, continuó.

En marzo pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratificó 36 meses de prisión preventiva impuestos a Castillo por presunta corrupción, que se suman a los otros 18 meses a raíz de su fracasada maniobra del 7 de diciembre.

Destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, el exmandatario deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. Su caída profundizó la crisis política del país con protestas que dejaron al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.

En una entrevista con EFE, el premier Alberto Otárola lo responsabilizó de estas muertes y de dejar un país “con el 27,5% de la población en la pobreza”. Bajo su óptica, el “epíteto” de “asesino” proferido en su contra en estas marchas “debe ser dirigido al líder” de estos ciudadanos, en referencia a Castillo.

“Esta crisis institucional, esta ola de protestas que hemos controlado en este momento, se debe al llamado a la violencia y el apoyo de grupos radicales muy pequeños, pero muy fuertes, financiados con la minería ilegal y el narcotráfico”, apuntó.