Política
Ex cómplice de Vladimiro Montesinos pretende que el Estado peruano le pague $7500 millones presentando documento falso
Ciudadano francés Charles Acelor busca millonaria reparación ante tribunal de arbitraje internacional.
Busca venganza y no le interesa utilizar cualquier medio que esté a su alcance. Charles Acelor, condenado junto con el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), busca ahora que el Estado peruano lo repare con 7500 millones de dólares mediante un documento que incluyen firmas falsas y que ha sido presentado ante un tribunal de arbitraje internacional, de acuerdo a un reportaje del dominical Cuarto Poder.
El empresario francés fue sentenciado en 2006 a 15 años de cárcel, cinco menos de los que recibió Montesinos, considerado culpable de adquirir armas en Jordania y venderlas a las FARC en 1999, lo que implicaba que cometió delitos de violación de la soberanía de un Estado extranjero, conspiración política y suministro ilegal de armas a grupos subversivos.
De acuerdo con un documento citado por el dominical, el 25 de enero del 2022, Acelor presentó un acta de Conciliación en la que el Perú prácticamente le pedía perdón por procesarlo, condenarlo y encarcelarlo “injustamente […] en violación de sus derechos humanos”.
El oficio lleva la rúbrica del abogado Diego León, quien figura como su defensor legal; del procurador público supranacional Carlos Reaño; y del notario de Pucallpa, Octavio Telada. Estos dos últimos señalaron que sus firmas fueron adulteradas.
“Debe haber sido extraída de un documento anterior firmado manualmente o es una firma falsificada y, para ello, la Fiscalía debe determinar con perito. Más allá de que sea una firma copiada o no, no he suscrito en ningún momento un acuerdo de reparaciones. Si no lo he invitado a reunirnos, tampoco he firmado un acuerdo de conciliación amistosa en estas fechas. Además, tiene inconsistencia”, declaró el procurador.
A la fecha, Acelor se publicita como presidente de una corporación global de distribución de energía, hace énfasis en que su esposa, Giselle Augusta, es dueña de una compañía que fabrica helicópteros, y muestra su éxito en fotografías que intentan dejar atrás su oscuro pasado en Perú.
La conciliación, calificada como apócrifa, también establecía la anulación de sus condenas y el plazo para que se efectuara su reparación a través de cuentas en el Union National Bank. Sin embargo, como el Estado peruano nunca tomó conocimiento del acuerdo, el excarcelado cómplice de Montesinos demandó al país ante la sede del Tribunal Arbitral Internacional (Nueva York) por incumplir el requerimiento.
Fue en junio del año pasado cuando Erick Villaverde, procurador del Ministerio de Justicia y el encargado de seguir la denuncia, solicitó entonces al tribunal que se archivara el pedido, aunque finalmente el controversial documento fue admitido a trámite en su sede en Londres (Inglaterra).
La Procuraduría ha debido destinar más de un millón de dólares para contratar con un estudio de abogados en Inglaterra que defienda al Estado peruano de este “absurdo” de Acelor, quien además ha sido denunciado por Villaverde ante el Ministerio Público por falsedad del documento.