Estudio de IEP revela que 1 de cada 5 peruanos contó que un policía le exigió un soborno en algún momento

A la Policía, lamentablemente, ya no se le respeta. Resulta preocupante que cada vez sea más frecuente ver en los noticieros a efectivos policiales siendo parte de organizaciones criminales, o partícipes de algún robo. Un nuevo estudio llamado Pulso de la democracia en el Perú, difundido por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló una triste realidad que poco a poco se viene normalizando en nuestra sociedad. Según el informe, uno de cada cinco peruanos confesó que un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) le solicitó algún tipo de soborno para pasar por alto alguna infracción.

“Ya sea mediante una coima para no pagar una multa o para acelerar un trámite, el ciudadano entabla una relación con funcionarios o políticos que abusan de su posición pública para beneficio privado”, se puede leer en el informe difundido.

No solo eso, sino que el documento indica que el Perú aparece en los primeros lugares en este tipo de incidentes a nivel de América Latina y El Caribe. De hecho, “el 22 % de los peruanos reportan que un oficial de la policía les ha solicitado un soborno, lo que lo coloca en la tercera posición, solo superado por Nicaragua con 22% y Bolivia con 24%”.

De hecho, estos casos también están identificados en el código disciplinario de la Policía Nacional del Perú y son calificados como faltas muy graves. “Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión” es sancionado con el pase a situación de retiro.

Funcionarios públicos tampoco se salvan

Por otro lado, el estudio de IEP también indica que al menos uno de cada diez peruanos (10%) ha reportado que un funcionario le solicitó algún tipo de soborno durante el año pasado.

En este sentido, el informe también sostiene que es precisamente este tipo de interacciones los que perjudican la imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones públicas. “Cuando los ciudadanos viven hechos de corrupción tradicional directamente, la confianza en las instituciones estatales y la percepción de su desempeño podría decaer”, se sostiene.

También se considera que la desigualdad generada por la corrupción afecta a la forma en la que se ven las funciones de la institución, pues “los que pagan la coima son los que acceden al servicio, trámite o excepción, mientras que los que no pueden pagarlo simplemente no los obtienen”.