Escribe: Gabriel Rimachi Sialer
“Por favor, mantengamos nosotros
la calma, llamemos a la gente de buena
voluntad, aprovechen de racionar la comida, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con
los demás“. Con estas palabras la esposa del presidente chileno Sebastián
Piñera cierra una conversación donde se pone en evidencia el profundo desprecio
que siente por el pueblo que, en estos momentos, está marchando para exigir una
mejor calidad de vida.
Las revueltas no se deben sólo al alza del pasaje en el Metro de Santiago, se debe también a una serie de abusos que desde el Estado se han venido cometiendo contra la población. Las AFP, por ejemplo, sólo permiten la disposición del 30% del dinero que el propio trabajador ha ido destinando mes a mes durante toda su vida laboral para disponer cuando le toque la jubilación, o que el sueldo mínimo esté congelado desde hace años mientras los precios han ido subiendo durante todo ese tiempo. La privatización del agua y el alto costo de esta. Los servicios básicos.
El metro es tomado entonces como una analogía de la sociedad chilena: mejora la condición de vida, pero no la calidad de vida. Cuando en 2007 los chilenos decidieron evadir el pago del pasaje en el metro, el Estado creó un registro de infractores, una lista donde figuraba el nombre de todos aquellos que evadían el pago del pasaje, pero a la vez era el mismo Estado quien justificaba y amnistiaba la evasión de las grandes empresas, como ocurrió con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo Penta, cuya evasión tributaria, según explica el economista Roberto Pizarro, “debilitó a Impuestos Internos, puso en jaque la honestidad de parlamentarios de gobierno y la oposición y afectó seriamente la credibilidad empresarial.
Además, los dos fiscales que iniciaron el proceso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, se vieron obligados a renunciar como resultado de las presiones políticas y empresariales sobre la Fiscalía Nacional”. El monto de la evasión tributaria de estos dos señores fue de 857.084.267 pesos cada uno. Eso equivale a 1.032.631 pasajes del metro; un trabajador chileno que evadiera el Metro dos veces al día tendría que vivir 1.414 años para igualarlos. ¿El castigo? Ambos fueron condenados a cuatro años y a asistir a un curso de ética de 100 horas en una universidad chilena. ¿Les suena conocido con los tiempos de corrupción destapada que estamos viviendo en el Perú?
Si hay algo que llama la atención de todos estos días de violencia y reclamos en el sur, es que en el Perú los abusos no son diferentes, pero las reacciones del pueblo sí. En Chile no se ha visto a ningún político advenedizo asumir el liderazgo de las marchas, aprovechando el río revuelto para pescar algunos votos a futuro.
En Perú el trato que dan las AFP (a las que por ley estamos obligados a aportar sí o sí durante toda nuestra vida laboral hasta jubilarnos) es el mismo que se da en Chile, e incluso peor: no es novedad que personas con enfermedades graves mueran sin poder disponer de su fondo de pensiones con el cual hubieran salvado la vida. Y ese dinero se lo quedan las AFP: el aportante –obligado a engrosar la billetera de las AFP- siempre pierde. En Chile el sueldo mínimo es de 770 dólares. En Perú es de 250 dólares, y el ex Presidente del Congreso, el empresario Pedro Olaechea, declaró que 250 dólares era demasiado dinero para un trabajador, “es mucho” dijo. Y cuando se organizan marchas salen inmediatamente a decir que se va a desestabilizar el país y aparece el cuco de la debacle económica.
Nuestro sistema de salud es terrible, todos saben que si vas a atenderte al Seguro tienes que tirarte al piso y revolcarte para que te atiendan con cierta rapidez. Nuestro sistema de transporte debe ser uno de los peores de América Latina. El Metropolitano comenzó con un cobro de 1.50 soles y ahora cuesta 2.50 soles ¿alguien salió a reclamar más allá de quejarse en Facebook? No. Y la gente sigue viajando como animales en las horas punta, haciendo colas gigantescas que salen incluso de las estaciones, esperando llegar a casa. ¿Cuánto tiempo dispone un trabajador luego de su horario de trabajo, para dedicarse a él mismo o a lo que desee? ¿Por qué aceptamos que nos llamen “colaboradores” cuando en realidad somos “trabajadores”? ¿En qué momento aceptamos tan calladamente tantos abusos? ¿Por qué nos suben los impuestos mientras Telefónica le debe millones a la SUNAT?
Si eres pobre, eres sospechoso. Si reclamas, eres un
criminal. ¿Pero quién te dice eso? ¿No es acaso la misma autoridad que cuando
quiere salir elegida te abraza en las calles, carga niños ajenos, besa mejillas
sucias, y se calza chullos y ponchos? Estamos viviendo tiempos en los que los
partidos políticos tradicionales se están cayendo a pedazos por la gigantesca
carga de corrupción de la que se ha venido alimentando durante décadas. Los
congresistas defenestrados hace algunas semanas entablan juicios al Estado,
desconocen su real situación, exigen los mismos tratos y gollerías, apelan a su
inmunidad para no responder por sus actos chuecos esperando la prescripción. Ni
izquierda ni derecha, no existen partidos
políticos como tal en el Perú, existen agrupaciones de empresarios que
aparecen cada vez que se acercan las elecciones. Los nombres son los mismos de
toda la vida, como si no hubiera nadie más con la capacidad o el compromiso
para aportar algo al desarrollo de un país tan grande como el Perú.
Mientras tanto, Chile da el ejemplo a seguir.
