En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional.
El resultado de este accionar ilegal es dramático: la alternación del orden social y el daño pernicioso e irreversible a la sociedad, quitándole de esa forma la posibilidad de un desarrollo sostenible. Y lo que es peor: la degradación moral de nuestro país.
El Perú está signado por la corrupción sistemática. Contando desde Alberto Fujimori, hasta Martín Vizcarra, han sido seis los presidentes con procesos judiciales, investigaciones, condenas, destituciones del Congreso, e incluso un suicidio, por casos de corrupción. Un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones, y mantiene a la nación en constante inestabilidad política.
La política peruana languidece una vez más en los ya treinta (30) años que enmarcan a seis presidentes salpicados por escándalos de corrupción. La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, comentó la reciente aprobación por parte del Congreso de la República de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y aclaró, que esta sólo protege de delitos comunes, “los delitos de función, tipo corrupción están protegidos por otra prerrogativa que se llama el antejuicio, esta garantía está regulada en el artículo 99 de la Constitución”, dijo.
Neyra explicó que lo que va a pasar a partir de ahora es que si un congresista comete un delito cualquiera, quien va a decidir si se le acusa o no va a ser la Corte Suprema, “y no es que esta autorice una acusación, sino que directamente es la que va a juzgar el tema, este es el cambio que se ha formulado”, acota.
En el mundo académico se afirma que el Estado es la organización política de la sociedad con la finalidad de consolidar un sistema que beneficie a los ciudadanos para alcanzar la paz y la justicia social.
Sin embargo, nuestra realidad demuestra lo contrario. Se desarrolla una deformación moral en todos los niveles del Estado. La soberanía peruana se ha verificado pervertida durante lustros, expandiéndose a las masas que se encuentran seducidas de manera obscena, y siendo atroz, se establece la doblegación (tele)comunicacional.
El Perú, que en el panorama de Latinoamérica tenía una de las economías más estables, lamentablemente está siendo expoliado por políticos corruptos que operan guiados por su ambición personal, aprovechándose del auge economicista, empero violando los derechos humanos nacionales y por lo tanto son delitos de lesa humanidad. Hasta el año pasado nos encontrábamos entre los treinta y dos (32) países con mejor macroeconomía del mundo, según el World Economic Forum.
Es importante señalar que la corrupción ocasiona daños socioeconómicos incalculables que afectan en campos diversos, como por ejemplo la deficiente prestación de servicios públicos elementales como la educación y la salud, y por lo tanto se afectan los derechos fundamentales. Por esta razón es urgente iniciar una profunda y radical reforma de Estado.
(*) Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director del sello independiente Río Negro.
