Por: Edison Mamani.
Antes de culminar la legislatura, el 15 de diciembre, el pleno sesionó los días 11, 12 y 13 de diciembre, sin embargo, es necesario recordar que se ha delegado a la Comisión Permanente la facultad de legislar, del 16 de diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025. Veamos los principales puntos debatidos en la última semana.
En materia de fiscalización y control político, no se aprobó la moción de censura contra el ministro del MIDIS (denuncias contra Qali Warma), se dio cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Educación (declaración sobre los protestantes), y se aprobó la inhabilitación por 10 años al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el caso de las pruebas rápidas.
En materia de reforma electoral, sobre la reelección para alcaldes y gobernadores regionales y la eliminación de movimientos regionales, inicialmente no se había aprobado en segunda votación, pero se ha presentado una reconsideración. Por otro lado, fue aprobado el dictamen para adecuar la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso Bicameral, planteando cambios en la valla electoral, entre otros. Asimismo, se aprobó optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales, estableciendo que las actas electorales serán entregadas a instituciones como el JNE y la ONPE, y que las cédulas no impugnadas serán conservadas por un mínimo de 90 días antes de ser destruidas en un acto público con presencia del Ministerio Público, entre otros. Respecto a la propuesta de impedimentos para postular a cargos de elección popular, inicialmente no se había aprobado, pero se ha presentado una reconsideración.
En materia de reforma política, lo del financiamiento privado está pendiente. Asimismo, se aprobó la moción que propone la conformación de una comisión encargada de presentar una propuesta de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú. Esto entra en conflicto con el dictamen de la Escuela Nacional de la Magistratura, que estuvo a punto de ser enviado a comisión, pero se presentó una reconsideración. Por otro lado, se aprobó establecer precisiones sobre la dieta de los regidores. Respecto a la propuesta para incrementar el número de magistrados del Tribunal Constitucional, inicialmente se había aprobado, pero sin alcanzar los 87 votos, y al ser reforma constitucional tendría que ser ratificada mediante referéndum, sin embargo, actualmente se ha presentado una reconsideración.
En materia de inseguridad ciudadana, se aprobó restituir la imposición de detención preliminar en casos de no flagrancia. Por otro lado, se aprobó crear la comisión encargada de elaborar un Nuevo Código Penal Actualizado. Respecto a la extinción de dominio, inicialmente se había aprobado en primera votación, pero se ha presentado una reconsideración. Asimismo, se aprobó autorizar el otorgamiento de una entrega económica para el personal policial que de forma voluntaria preste servicios. Finalmente, se aprobaron dos propuestas en materia de política migratoria.
En materia económica y tributaria, se aprobó establecer un régimen excepcional del Impuesto a la Renta, para contribuyentes que decidan declarar o repatriar e invertir en el Perú sus rentas no declaradas, a afectos de regularizar sus obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2022. También se aprobó facilitar el ingreso de remesas al Perú enviadas por peruanos en el exterior. Por otro lado, el Congreso, inicialmente, había aprobado en primera votación la ampliación del 8% del IGV para pequeñas empresas del rubro restaurantes y hotelería, pero se ha presentado una reconsideración. No se aprobó la reconsideración contra el dictamen sobre los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, en consecuencia, sigue su trámite. Asimismo, quedó en cuarto intermedio la propuesta que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios del Decreto Legislativo 783. Retornó a comisión la propuesta para ampliar el plazo de arrastre de pérdidas de pequeñas empresas. Quedó en cuarto intermedio la propuesta para otorgar incentivos a la industria de publicidad exterior. Respecto a los notarios, inicialmente se había aprobado en primera votación el dictamen sobre el servicio notarial, sin embargo, actualmente se encuentra en reconsideración.
Sobre el sistema financiero, se aprobó en primera votación eliminar topes a tasas de interés en el sistema financiero (la exoneración de la segunda votación no fue aprobada, por lo que se presentó una reconsideración que tiene que votarse). Por otro lado, inicialmente, se había aprobado eliminar el pago de comisión por transferencias bancarias y pago de tarjetas de crédito, pero se ha presentado una reconsideración. Finalmente, se aprobó la propuesta del congelamiento de cuentas por extorsiones.
Sobre el megapuerto de Chancay, se aprobó en primera votación el dictamen que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), excepto la Tercera Disposición Complementaria Final (esta última debe ser votada nuevamente porque se aprobó su reconsideración).
En materia de energía y minas, se aprobó el dictamen que busca asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica.
En materia de transportes, se aprobó la moción que propone solicitar al Poder Ejecutivo declarar en emergencia el Sistema de Transporte en Lima y Callao. Por otro lado, se aprobó prorrogar la vigencia de la Ley 31096, Ley que precisa los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.
En materia laboral, inicialmente se había aprobado en primera votación la propuesta para que trabajadores con cáncer no sean despedidos, sin embargo, se ha presentado una reconsideración. Por otro lado, se aprobó restituir la negociación colectiva para el sector público.
En materia de cultura, se aprobó el acuerdo sobre el CRESPIAL.
En materia de vivienda y cultura, se aprobó la propuesta para establecer un régimen especial de acceso a servicios públicos básicos para los pueblos indígenas u originarios organizados como comunidades campesinas o comunidades nativas, con derechos de propiedad adquiridos antes de la declaración del bien inmueble como patrimonio cultural de la Nación.
