Direcitor de la DDC Fredy Esconar y ministro Alejandro Neyra.
Escribe: Tika Luizart Obregón (abogada) Presidenta Comisión de Juristas Contra la Corrupción y por la Defensa Social.
En momentos en que afrontamos simultáneamente graves crisis en nuestro país: irregularidades y denuncias de corrupción del caso Richard Swing, hoy se suma otro escándalo protagonizado por el Sr. Fredy Domingo Escobar Zamalloa, alto funcionario del Ministerio de Cultura de Cusco, quien el día 8-10-2020, manifestó a los diferentes medios de comunicación que se resiste a cumplir el mandato judicial que señala demoler y restituir andenes Incas en el conocido caso Hotel Sheraton de la calle Shapy. Este anuncio fue horas después de la llegada del ministro de Cultura, Alejandro Neyra a la ciudad de Cusco.
Recordemos que Cusco, capital Histórica del Perú, Ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en pleno centro histórico de la Ciudad a pocas cuadras de la plaza de Armas del Cusco, están prohibidas construcciones de más de 2 pisos e igualmente prohibido la construcción de sótanos por el compromiso cultural que existe en nuestra ciudad, sin embargo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Municipalidad Provincial del Cusco autorizaron una construcción en la calle denominada Saphy, (En Quechua significa raíz), raíz de nuestra civilización.
Esta construcción irrazonable e ilegal, fue construida con más de 9 pisos, 2 sótanos y para su construcción y existencia, ha desmontado más de cinco andenes incas y se desconoce el paradero de cinco contextos funerarios. El caso tiene connotación mundial tanto así que la UNESCO, ICOMOS cursaron cartas al Estado Peruano, solicitando la demolición de dicha construcción señalando que en caso contrario el Cusco corre el peligro de perder el título de Patrimonio cultural de la Humanidad (solo por esa construcción descomunal) vinculada a la cadena hotelera de la franquicia mundial del Sheraton; quizás por ello el interés de ministros, congresistas y altos funcionarios del Estado para bloquear e impedir la demolición de la Construcción.
La Comisión de Juristas del cusco, Colectivos patrimonialistas, Foro Cusco, Vecinos del Centro Histórico de la Ciudad, Organizaciones Sociales como la Federación Departamental de Trabajadores, Construcción Civil, Asamblea Popular muchas organizaciones barriales, la UNSAAC, estudiantes y ciudadanía en general, han realizado acciones cívicas como plantones, marchas, protestas, movilizaciones, paros, denuncias, en exigencia de la demolición y restitución de los Andenes Incas, gracias a esta defensa férrea del pueblo luego de muchos años se ha obtenido una Sentencia Constitucional en el Proceso de Amparo N° 710-2016 que se tramita en el 5to. Juzgado Civil de Cusco bajo la actuación de la Juez Marianela Cárdenas.
Durante la pandemia del Covid la ejecución se paralizó, pero ahora que se reiniciaron las actividades judiciales se espera la resolución del Juzgado para que ejecute la demolición conforme ordena el fallo judicial el objeto de dicha demolición es la restitución de los andenes Incas.
Sin embargo, en forma escandalosa los funcionarios de Cultura que permitieron y autorizaron la destrucción de nuestro patrimonio cultural en ese sector hoy en ejecución de sentencia pretenden imponer argumentos técnicos para impedir la demolición y así beneficiar a los destructores de nuestro patrimonio cultural.
Pero no solo se trata de acciones obstructivas a la ejecución de la demolición en el proceso judicial, sino que colmo de males, el Director de la DDC, Fredy Domingo Escobar Zamalloa, dio este lamentable anuncio con la presencia del Ministro Alejandro Neyra, en la ciudad de Cusco, señalando públicamente que no cumplirá con tal demolición porque debe proteger esa área.
Este anuncio es una clara resistencia la mandato judicial de demolición para restitución de andenes Incas por parte de un funcionario público, lo que resulta por demás escándaloso, ya que es una afrenta al mismo sistema de justicia que en palabras sencillas significa que dicha Institución y sus funcionarios si son rápidos y eficientes para permitir la destrucción del patrimonio cultural y también son eficientes para evitar conservar y restituir patrimonio Cultural, esta conducta promueve el incumplimiento de un mandato judicial en un caso de interés nacional obstaculizando la restitución de los andenes Incas de ese sector.
Podríamos interpretar ese anuncio como una simple declaración que beneficia los intereses económicos de los destructores de nuestro patrimonio, pues para rematar, solo les aplicaría una multa insignificante, pero el hecho va más allá, dicha persona es tan peruano como cualquiera de nosotros y además es un funcionario público de una Institución obligada a preservar el patrimonio cultural de la Nación en el Cusco, por lo que sus expresiones muestran la carencia de compromiso con nuestro país, con la institución que representan y con sus obligaciones y deberes como funcionarios del Ministerio de Cultura, mostrando una visión sesgada de parte de ellos como si se tratara de un debate de técnicos o ingenieros, lo que no es cierto, pues el tema no se trata de un mero cumplimiento de una sentencia cualquiera, sino, de la restitución de un Derecho de los peruanos, el Derecho a la Identidad cultural, consagrada en la Constitución Política Peruana en el Art. 2° Numeral 2°.. y de la Declaración Universal de los Derechos humanos.
El Ministerio de Cultura debe dejar de lado ese mezquino debate técnico y entender de una vez por todas que es la restitución de un derecho constitucional, no de cuánto cemento mantengo para beneficiar a una empresa que causó un daño tan grave, sino, del legítimo derecho constitucional para que se restituyan las cosas al estado anterior de la existencia de la construcción, esto es cuando existían los andenes incas y los contextos funerarios, el derecho constitucional de preservar nuestro pasado, el derecho constitucional de mantener nuestra memoria histórica.
Urge ante esta realidad la DESTITUCION de dicho funcionario para que asuma la DDC-CUS/MC otra persona que cumpla con la normativa legal, cumpla con su deber de proteger el patrimonio cultural nacional y que no promueva el incumplimiento del Derecho Constitucional de restitución de andenes Incas. Un funcionario que entienda que tiene la obligación de cumplir el mandato judicial de demolición para restituir nuestros Andenes Incas. Además, es grosero que el ministro de Cultura Alejandro Neyra promueva esto con su presencia en Cusco.