Escándalo en Barranco: Contraloría detecta varias irregularidades en las grúas de la alcaldesa

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la ejecución contractual del servicio de grúas de remolque y carga lateral, así como del depósito vehicular de la Municipalidad de Barranco. El informe de Hito de Control N° 004-2025-OCI/2166-SCC identificó cinco situaciones adversas que ponen en entredicho el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato público N° 001-2023-CS-MDB-1. Los hallazgos no solo evidencian fallas administrativas, sino también negligencias que afectan la calidad del servicio de depósito vehicular y grúas, así como la seguridad de los ciudadanos.

Grúas sin identificación y sin equipamiento completo

El pasado 10 de marzo de 2025, una Comisión de Control Concurrente realizó una inspección en el marco del procedimiento de verificación del cumplimiento contractual. En el lugar, se encontró que los vehículos grúa con placas BNY-933 y BCK-701 no contaban con numeración visible, incumpliendo así lo estipulado en las bases integradas, que exigen que las grúas lleven el logo de la municipalidad y una numeración claramente visible en la carrocería para su fácil identificación.

De acuerdo con el testimonio del Coordinador de Fiscalización, los vehículos eran identificados de manera informal como «vehículo 1» y «vehículo 2», lo que representa una clara trasgresión de lo pactado en el contrato, que señala: “El contratista se encargará de que las grúas lleven el logo de la Municipalidad y un numero en el lugar de la carrocería para que estas puedan ser identificadas”. Este punto no es menor: la ausencia de numeración y logos oficiales no solo dificulta la supervisión ciudadana, sino que debilita los mecanismos de transparencia y control del servicio prestado.

La revisión visual dejó aún más preocupaciones. Mientras la grúa BCK-701 mostraba el logo de la Municipalidad de Barranco en su parte frontal, la unidad BNY-933 carecía completamente de dicha identificación. Además, se detectó que la primera no contaba con su caja de herramientas, disponiendo únicamente de una llave de ruedas, incumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas. Estas exigen que cada grúa esté equipada con accesorios esenciales como llanta de repuesto, caja de herramientas y llave de ruedas. Irónicamente, fue la unidad BNY-933 que sí portaba la caja de herramientas la que el contratista había reportado como “completamente equipada”, pese a que las evidencias mostraban lo contrario.

Estos hechos evidenciados, indican que el contratista incumplió con los términos establecidos en las bases integradas de los documentos contractuales. Y como consecuencia de ello se genera el riesgo de que los vehículos grúas no puedan ser identificados rápidamente por cualquier vecino del distrito de Barranco, así como la limitada acción ante la necesidad de usar alguna herramienta ante una situación de urgencia, dándose así un servicio que no corresponde a lo requerido.

Chofer sin protección ni identificación

Otra de las fallas alarmantes detectadas fue la condición laboral del chofer Ulises López Berrú, trabajador de la empresa contratista. Durante la visita, se comprobó que López no portaba equipo de protección personal ni fotocheck físico, en abierta vulneración del numeral 10 y 11 de las bases integradas, que señala que: “El contratista proporcionará a su personal un carné de identificación con su fotografía, el cual deben portar a la presentación y durante la ejecución del servicio”. Estas disposiciones exigen que el personal cuente con un carné de identificación con fotografía y con el equipo de seguridad necesario durante la ejecución del servicio”.

La ausencia de estos elementos pone en riesgo tanto la integridad del trabajador como la adecuada ejecución de un servicio que implica el uso de maquinaria pesada y situaciones operativas de emergencia: “El contratista es responsable de brindar a su personal el equipo de seguridad necesario”.

Depósito vehicular en estado deplorable

La Comisión de Control también inspeccionó las instalaciones del depósito vehicular municipal, encontrando baños completamente sucios, con polvo acumulado y manchas visibles en el piso. Este hallazgo pone en evidencia la falta de limpieza y mantenimiento de un espacio que debe garantizar condiciones mínimas de salubridad, tanto para el personal como para los ciudadanos que acuden a recoger sus vehículos secuestrados.

Según las bases contractuales, los “Servicios higiénicos deben estar en buen estado y limpios, tanto para el personal que labore en el depósito, como para los ciudadanos que vengan a retirar los vehículos”. Pero lo verificado dista mucho de esa exigencia. Este descuido no solo compromete la salud pública, sino que refleja el desinterés del contratista por cumplir los estándares básicos del servicio.

Coordinador ausente y asistentes sin formación ni acreditación

Uno de los hallazgos más cuestionables tiene que ver con la ausencia del Coordinador designado por el contratista, Arturo Turriate Solimano. Según el informe, durante la visita del 10 de marzo, el señor Turriate no se encontraba en el depósito municipal y recién se presentó alrededor de la 10:30 a. m., mucho después de iniciada la supervisión. En su lugar, se encontraba Christian Felipe Vera Paniccia, quien se presentó como asistente del Coordinador.

La situación se agrava cuando se verifica que Vera Paniccia no figura en el registro de grados y títulos de Sunedu, ni cuenta con certificados validados por el Ministerio de Educación. La presencia de personal no calificado y no registrado compromete seriamente la legitimidad de la gestión operativa del servicio de la empresa contratista.

Pero los problemas no terminan ahí. El 14 de marzo, durante una segunda visita, la Comisión de Control solo encontró presentes a los choferes y a Javier Alejandro Mendoza Huamán, otro supuesto asistente del Coordinador Turriate. Mendoza admitió no saber el paradero de su superior y, al ser consultado sobre su experiencia, afirmó tener 2 años y medio como asistente de grúas, bajo un contrato suscrito con Green City Miraflores, empresa que prestó el mismo servicio a la Municipalidad Distrital de Miraflores, sin presentar pruebas de estar calificado para el cargo actual.

Ninguno de los asistentes cumplía con los requisitos establecidos: ser profesional titulado en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines y contar con al menos un (1) año de experiencia como supervisor en depósitos vehiculares. Criterios que también forman parte de los “Requisitos de calificación”.

Esta falta de idoneidad no es solo una omisión administrativa: es una vulneración directa a las normas del contrato, que impacta negativamente en la eficiencia y legalidad del servicio ofrecido, porque incumplen con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, que señala que “El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato”.

Servicio operando con grúas no autorizadas

El quinto hallazgo detectado por la Contraloría es, quizás, el más grave: el servicio se venía ejecutando con una grúa que no fue acreditada para la suscripción del contrato y que tampoco fue validada por el área usuaria de la Municipalidad de Barranco. En concreto, la grúa de placa BCK-701 solo fue aprobada por la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, mas no por la Subgerencia de Fiscalización y Coactivo Administrativo, encargada directa del servicio.

Este detalle administrativo es crucial, ya que, sin la conformidad del área usuaria, el contrato carece de sustento operativo. Más aún, cuando se consulta al supervisor designado por la municipalidad, Ricardo Gordillo Guadalupe, si conocía las condiciones del contrato, su respuesta fue negativa. Gordillo admitió no haber sido informado, a pesar de que él es el responsable de velar por el correcto funcionamiento del servicio.

Esta confesión evidencia una preocupante cadena de desinformación y descoordinación dentro de la gestión municipal. Gordillo tampoco contaba con documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como registros de horarios, turnos, cambios de conductores, ni informes sobre denuncias o incidentes ocurridos durante la operación del servicio.

Un contrato lleno de vacíos y omisiones

La sumatoria de estas situaciones adversas no solo representa un incumplimiento contractual, sino también una posible falta de vigilancia por parte de la entidad edil. Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, “el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato”. En este caso, la Contraloría ha concluido que el contratista viene incumpliendo reiteradamente los términos pactados.

Estas fallas impactan directamente en la calidad del servicio y ponen en riesgo la continuidad de un sistema que, por su naturaleza, debe operar con eficiencia, transparencia y legalidad; sin embargo, durante los últimos meses, el servicio de las grúas viene siendo seriamente cuestionado por los vecinos barranquinos.

Conclusiones y advertencias de la Contraloría

El informe de Control Concurrente al Hito de Control N° 1, desarrollado durante la segunda semana de marzo, identificó cinco situaciones adversas descritas en líneas anteriores, que afectan la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del servicio de grúas y depósito vehicular.

Ante este irregular panorama, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Barranco, Ángel Jesús Barrera Castro, remitió el informe a la alcaldesa Jessica Vargas, exhortándola a tomar acciones preventivas y correctivas dentro del ámbito de sus competencias. El objetivo: asegurar la continuidad del servicio y evitar consecuencias mayores en la gestión municipal.

¿Y ahora qué?

El escándalo desatado por este informe pone en entredicho no solo al contratista, sino también a la propia Municipalidad de Barranco. ¿Cómo se firmó un contrato sin verificar todos los requisitos? ¿Por qué se permitió operar con grúas no acreditadas? ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios municipales en esta cadena de errores?

La ciudadanía, y en especial los vecinos barranquinos merecen respuestas. Y, sobre todo, merecen un servicio público transparente y eficiente. El informe siempre estuvo sobre la mesa. Ahora le toca a la alcaldesa actuar.