Opinión

Erasmo Reyna y Jimmy Benites, tribunos de la libertad de prensa

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Por Rafael Romero

Quiero hacer público mi reconocimiento a dos abogados de nota, Erasmo Reyna Alcántara y Jimmy Alexander Benites Tangoa, por su ejemplar lucha en defensa de la libertad de prensa. Erasmo es asesor jurídico de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, gremio presidido por el combativo hombre de prensa Ángel Sánchez Dueñas, y Jimmy además de jurisconsulto penalista es columnista senior del Diario UNO.

Ellos en este momento, junto a José Briceño y el autor de este artículo, venimos demostrando la venganza de algunos fiscales ideologizados contra el ejercicio periodístico, amén de que aquellos con el IDL envenenaron la Fiscalía de Lavado de Activos en los últimos 15 años por lo menos. No obstante, el tiempo nos da la razón como también lo propio ocurrirá pronto con los colegas de Willax, perseguidos por la funcionaria Martita Barreto.

La primera guerra entre el periodismo (EXPRESO) y el caviaraje (IDL y otras ONG) se dio entre el 2006 y el 2009, a propósito del auge de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación /CVR).

Abogado Erasmo Reyna.

La segunda guerra entre una fiscalía politizada por el IDL y EXPRESO se dio entre el 2015 y el 2020. Ahí están las investigaciones y notas de María Teresa García, César Rojas, José Briceño y mi persona. Pero las secuelas o efectos de esa guerra todavía se mantienen en el tiempo y no han acabado, quedando en manos del Poder Judicial poner coto a esa cacería de un cuestionado Ministerio Público. En efecto, solo jueces probos archivarán sus antojadizas y subjetivas carpetas abiertas en nuestra contra por el simple hecho de ejercer el periodismo.

La tercera guerra (2023 y 2024) se acaba de producir entre Marita Barreto y los colegas de Willax (Karina Aliaga, Carlos Paredes, Guillermo Thorndike, entre otros) y formulamos votos para que los abusivos que detentan el poder del Estado en provecho propio caigan como castillo de naipes y eso será gracias a la sabiduría judicial, que tiene más altura que el pigmeo enfoque de fiscales adjuntos que en todo secundan a Vela, Pérez o Barreto.

Abogado Jimmy Alexander Benites.

Es hora de que nuevos y mejores fiscales ejerzan con propiedad y conocimiento su función para que el Ministerio Público no siga en medio de una crisis moral y se reorganice en provecho de la justicia. Precisamente el tiempo le da la razón al periodismo, y para muestra de la maledicencia y falta de lógica en fiscales como Barreto, amable lector, tome nota de lo siguiente.

José Briceño es un periodista de investigación de las filas de la Federación de Periodistas del Perú, con acertadas colaboraciones para EXPRESO y Radio del Sur. Así, en noviembre del 2019 una de sus investigaciones fue asumida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, la que en ese entonces era dirigida por la magistrada Bersabeth Revilla. El trabajo de Briceño demostró cómo altos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cañete torcieron la ley para favorecer a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de tierras. Tema que veníamos investigando en RBC Televisión (Habla el Pueblo) desde el 2012, incluso infiltrándonos en diversos ámbitos sociales para descubrir fuentes y datos que sustenten nuestro trabajo periodístico.

Ahora bien, mediante la Disposición N° 02 se abrió investigación contra Luis Enrique García Huanca, expresidente de la Corte de Cañete, y asimismo contra Jorge Enrique Sanz Quiroz, Francisco Enrique Ruiz Cochachín, «por sus actuaciones cómo jueces superiores integrantes de la Sala Penal Liquidadora de Cañete”, y Jesús Domingo Mávila Salón, fiscal superior en esa provincia, además al juez Arturo Rolando Ayala Cuenca, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado.

En otras palabras, la fiscal Bersabeth Revilla les atribuyó a todos ellos el pertenecer a una organización qué estaría brindando protección a diversas bandas criminales que operan en los distritos de Mala, Chilca y Cañete. El punto central en esta historia es el exmagistrado Jorge Enrique Sanz Quiroz. Pero inexplicablemente esa misma fiscal Revilla mandó archivar la investigación contra los jueces cañetanos, inclusive antes de esa decisión llegó a retirar un pedido de levantamiento del secreto de las telecomunicaciones a esos magistrados elevado por ella misma  

Pero la investigación periodística de Briceño paralelamente fue asumida por la Junta Nacional de Justicia, y este colegiado emitió el 30 de setiembre del 2021 la Resolución N° 072-2021-PLENO-JNJ, en la que por mayoría absoluta decidió expulsar del Poder Judicial al juez Sanz Quiroz, dando así la razón a las hipótesis de trabajo de Briceño.

Acá es preciso formular una necesaria pregunta: ¿si los argumentos expuestos por el periodista Briceño fueron válidos para la JNJ, entonces, por qué no lo fueron para la fiscal Bersabeth Revilla, amiga de Marita Barreto? Es más, el pasado 26 de agosto se conoció que Jorge Enrique Sanz Quiroz, por su actuación cómo exfiscal Provincial Titular, fue condenado a cinco años de prisión, como autor del delito de cohecho pasivo específico tras cobrar 8000 dólares para archivar una investigación contra Rodolfo Orellana Rengifo, junto a otras cinco personas, por el delito de lavado de activos y otros.

Recordemos que Sanz Quiroz pertenecía a la Quincuagésima Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima, y luego de su paso por el Ministerio Público fue nombrado juez en la Corte Superior de Justicia de Cañete. Empero, por qué Marita Barreto encausó de mala manera a Briceño y mi persona, acusándonos descabelladamente de ser el brazo mediático de la organización Orellana, solo por unas entrevistas periodísticas desde EXPRESO al pastor evangélico Vicente Díaz, supuestamente relacionado a esa red, y pese a que eran unas entrevistas sobre el tema de un conflicto familiar por propiedades en Lima, asunto abordado incluso por otros periodistas como José María “Chema” Salcedo, y otros medios como Radio Exitosa, RPP, La República y Hildebrandt en sus Trece.

Lo que en realidad sucedió es que la cuestionada fiscal Barreto buscaba acallar a la prensa y desvirtuar el trabajo de cómo se perdieron los cuadernos de control de visitas en la Fiscalía de Lima Sur y en la Fiscalía de Lavado de Lima; así como quería frustrar un informe acerca de cómo compró una propiedad en una zona exclusiva de Asia, sin explicar de dónde obtuvo el dinero para ello; además le molestó que se supiera que ella pidió subsidio por enfermedad con un certificado médico falso, pero que EsSalud le denegó dicha subvención y le increpó a Barreto porque en los días que decía estar enferma en realidad estuvo trabajando para una universidad en Huancayo.

El propio colega Briceño se pregunta: “¿Cómo supuestamente si yo, según lo argumentado por Barreto y sus adjuntos, soy parte de la red Orellana, hice o contribuí con mi investigación periodística para que la Junta Nacional de Justicia expulse del Poder Judicial a uno de los magistrados favoritos de esa organización?”

En suma, el Poder Judicial tiene que enmendarles la plana a esos malos fiscales y estos tienen que dar explicaciones acerca de cómo era la relación del referido fiscal (y luego juez superior) Jorge Enrique Sanz Quiroz con el clan Orellana, y además cómo pudo pasar inadvertido todo esto en los despachos fiscales, sobre todo para que a Briceño o al suscrito se nos incluya en una carpeta donde nada tenemos hacer. Eso se llama persecución a la prensa como lo demostrarán los tribunos Erasmo Reyna y Jimmy Benites.

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