Un último suspiro para los deudos de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida también como La Cantuta, quienes fueron ejecutados la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Grupo Colina, en coordinación con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Robert Teodoro Espinoza (24), Juan Mariños Figueroa (32), Heráclides Pablo Meza (28), Armando Amaro Cóndor (25), Luis Enrique Ortiz Perea (21), Dora Oyague Fierro (21), Felipe Flores Chipana (25), Bertila Lozano Torres (21), Marcelino Rosales Cárdenas y al profesor Hugo Muñoz Sánchez (47) son los nombres de las víctimas de ese día.
Un año después de la desaparición, en 1993, hubo una pequeña esperanza de los familiares cuando un grupo de forenses encontró, en los arenales del distrito de Cieneguilla, los restos óseos que encajaban con algún desaparecido de esa casa de estudios.
Dentro de este horror, 30 años después, se abre otra esperanza. Hace unos días, después de dos meses de búsqueda, se encontró la caja de estos restos en Londres. Había sido enviada al país británico para que sean sometidos a las pruebas de ADN para que sean identificados, pero hubo varios malos manejos para que esto no llegue a buen puerto, entre los que se encuentra el nombre de la entonces fiscal Blanca Nélida Colán. La Fiscalía peruana envió la urna en 1993 y es el único organismo constitucional autónomo del Estado Peruano que puede reclamarla actualmente.
Hasta el momento, cinco alumnos permanecen en calidad de desaparecidos porque sus restos no han podido ser recuperados. Los familiares de los estudiantes con la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la organización contra la tortura Redress indagaron sobre la ubicación de la caja, con la que, finalmente, pudieron dar.
Se inició el proceso para la repatriación de los restos
El médico Aníbal Escalante Fortón viajó a Londres con la caja. Pasaron los años y nunca le dieron respuesta a los deudos. Incluso, en 1995, la dictadura de Alberto Fujimori promulgó dos leyes de amnistía para poner en libertad a los integrantes del Grupo Colina -también responsables de la matanza en Barrios Altos, el asesinato de campesinos de El Santa y la matanza de 6 personas en Pativilca- y prohibió cualquier investigación sobre estos hechos.
Se suponía que Escalante le iba a dar los restos a London Hospital Medical College, pero terminó en las manos de un representante del Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham, el cual cerró hace unos años y la caja se quedó en un archivo de Londres que ahora se quiere recuperar.
“Se tiene que garantizar la cadena de custodia de los restos, por lo que hemos solicitado a la Fiscalía que nombre a un representante y este designe a alguien de la embajada peruana en el Reino Unido y otra opción es que un representante viaje desde Lima, en coordinación con la Cancillería, para acercarse al laboratorio y recoja toda la información, así como la caja de evidencia que se encuentra en el archivo del laboratorio”, explicó Gloria Cano, abogada de Aprodeh”, para Infobae.
La letrada argumentó que todo el proceso debe ser por los conductos internacionales, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero este designatario no podría solicitar la urna porque se estaría alterando la cadena de custodia.
“La Fiscalía requiere nombrar a alguien. Puede ser un representante que trabaje en la embajada peruana que se apersone para cumplir este requerimiento y poder repatriar los restos”, indicó.
Cano manifestó que han averiguado que la caja está cerrada y se desconoce si, en algún momento, se abrió para hacer el análisis respectivo.
“A nosotros no nos han podido dar información adicional porque la caja es un encargo del Gobierno peruano, por lo tanto, un representante de este gobierno tiene que solicitar esta información”, concluyó.
