Política
En Tarapoto: jueces programan audiencia para el año 2037 para caso de niños abusados sexualmente en el 2022 [VIDEO]
En la exposición de motivos de los magistrados se lee que “existe una carga procesal en Tarapoto”.
Fuera de toda comprensión. En mayo de 2022, dos menores de 12 y 13 años fueron agredidos sexualmente mientras regresaban a sus casas en Tarapoto, en la Región San Martín. Los atacantes, identificados poco después como Lincer Murrieta Torres y Jeyfer Satalaya Tuanama, fueron denunciados por las familias de las víctimas por tocamientos indebidos y violación, iniciándose así un proceso judicial que ha generado gran controversia debido a su inusitada demora.
El caso llegó al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín, donde se emitió un auto de apertura de juicio oral para el 1 de septiembre de 2037. Esta decisión provocó indignación, ya que implicaba esperar más de 13 años para el inicio del juicio, cuando las víctimas tendrían 25 y 26 años.
Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, el Dr. Walter Francisco Ángeles, expresó su rechazo a la decisión de los jueces que prolongaron la fecha del juicio alegando una alta carga procesal.
Ángeles comunicó el caso al órgano de control disciplinario para que se evalúen y sancionen las actuaciones de estos magistrados. Además, destacó que la programación del juicio para el 2037 representa una afrenta a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, demandando una urgente reevaluación del calendario judicial.
Rectifican fecha de audiencia
Ante el escándalo desatado, los jueces responsables de la resolución decidieron revertir su decisión, reprogramando el inicio del juicio para el 5 de diciembre de 2024 a las 08:00 a.m. Este cambio de fecha busca paliar en parte el daño ocasionado a las víctimas, quienes han sufrido no solo por el abuso, sino también por las dilaciones en la administración de justicia.
El 5 de diciembre de 2024, Lincer Murrieta Torres y Jeyfer Satalaya Tuanama deberán comparecer ante el Poder Judicial para responder por las graves acusaciones de abuso sexual contra los menores. La expectativa es que, a través de este procedimiento, se logre una resolución justa y se repare en alguna medida el enorme perjuicio causado a los afectados y a la comunidad.