Todo queda suspendido. El presidente de la República Pedro Castillo Terrones, por ley, posee la inmunidad absoluta respecto a procesos penales hasta que culmine su quinquenio en el 2026; es por ello que la investigación preliminar en su contra, de acuerdo a la misma disposición del Ministerio Público, queda en suspenso.
Mediante un comunicado, se indicó que las pesquisas serán por los presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.
Sin embargo, en un extremo de la disposición fiscal No.2 se señala que “el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación” del mandato presidencial de Castillo por “su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”.
Como se recuerda, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar a Pedro Castillo Terronespor los presuntos delitos contra la administración pública.
En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
De esta manera, se le atribuye a Pedro Castillo haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III.
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.
No se podrá adelantar nada hasta que el presidente Castillo siga en su cargo
En tanto, el abogado penalista Julio Rodríguez aclaró ciertos aspectos respecto al proceso que se le sigue al mandatario, explicando que todo eso deberá permanecer ‘congelado’ hasta que Castillo entregue la banda presidencial a su sucesor.
“Los actos de investigación se van a realizar, pero en el momento en que estos culminen y se tenga que tomar la decisión de pasar a la siguiente etapa procesal, no se podrá. Y se tendrá que suspender ahí la actividad de la investigación porque el presidente tiene la protección que le da la Constitución”, afirmó.
En diálogo con el diario Correo, el especialista explicó que no se podrá avanzar a la etapa de investigación preparatoria o acusar al presidente, mientras este se encuentre sentado en el cargo.
“Así será hasta que se levante su fuero por mandato del Congreso una vez que termine sus funciones en el cargo, o en su defecto sea objeto de un proceso de vacancia”, indicó.
Desde la Fiscalía, indicaron que el inicio de una investigación preliminar interrumpe el plazo de prescripción del delito. “Asimismo, el investigado pasa a ser imputado, es decir, que existe sospecha inicial en su contra por lo que los fiscales provinciales que investigan los hechos deberán acopiar lo que resulte vinculante a efectos de la imputación contra el presidente”, señalaron.
Por su parte, el fiscal coordinador de denuncias constitucionales, Ramiro González, sostuvo -en Canal N– que, con la suspensión del inicio de actos de investigación “se pretende proteger la investidura presidencial, mas no al presidente de turno”.