Ellos luchan por sus tierras, sus tradiciones y costumbres. Ellos luchan por el mero hecho de vivir y coexistir con la naturaleza, respetándola, y no dudan en entregar su vida para preservar lo que por generaciones les pertenece.
La última víctima del desgobierno que existe en la selva es Estela Casanto Mauricio, de 55 años quien fuera en vida activista ambientalista asháninka, fundadora de la comunidad nativa Shankivironi, ubicado en el valle del Perené. Según lugareños su muerte estaría vinculada a traficantes de terrenos.
Su caso no es aislado pues en los últimos 2 años han fallecido 9 líderes indígenas, estando sus muertes ligadas a personas dedicadas al narcotráfico, tráfico ilegal de terrenos, tala de árboles, o invasiones.
Estas muertes se encuentran distribuidas en la zona nor Oriental del Perú, específicamente en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco.
Lamentablemente por descuido o negligencia del Estado, esta zona del país se viene convirtiendo en un segundo VRAEM donde se han llegado a detectar 46 pistas de aterrizaje para extraer droga. Las comunidades indígenas viven atemorizadas y sus directivos ya han recibido amenazas de muerte.
Según algunos líderes de la zona, el problema habría surgido desde que el estado a través de entidades como Devida o el Ministerio de Agricultura dieron títulos de propiedad a colonos y personas llegadas al Vraem dentro de terrenos ancestralmente ocupados por comunidades indígenas, shipibas, asháninkas y catataibo, entre otras.
Los nativos aseguran que la zona se convirtió en un paraíso de la hoja de coca y más aún con el golpe económico que sufrieron las poblaciones amazónicas.
Mientras se atendía al VRAEM se descuidaba un amplio sector amazónico entre Ucayali y Pasco donde hoy proliferan actividades ilegales.
Ese desdén por parte del Estado ha costado vidas humanas, y una gravísima alteración de nuestro ecosistema, con bosques completos deforestados por la tala ilegal, la quema indiscriminada para así crear zonas para que las avionetas puedan aterrizar, la invasión de santuarios protegidos por las propias comunidades nativas.
Viven de espaldas al Gobierno, echados a su suerte pues muchas veces sus voces no llegan hasta la capital. Hasta que esto cambie, muchas más muertes de personas inocentes ocurrirán en la espesura de la selva.
