Por Eduardo Bryce
No obstante que soy crítico del enfoque legal adoptado, de todos modos aplaudo y agradezco a la Asociación Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente por haber presentado dos acciones de amparo para detener el daño irreversible que está por sufrir Chinchero y el Valle Sagrado de los Incas. Un crimen de lesa peruanidad que viene cometiéndose en total flagrancia y cuya consumación no debemos permitir observando pasivamente.
Se requiere apoyo ciudadano masivo para los miembros de la asociación, garantías para su seguridad e integridad física, y garantías también para que los jueces puedan administrar justicia sin ceder a la presión política de las autoridades locales, las cuales están buscando indisponer a los vecinos de sus distritos y de la ciudad del Cusco, desinformándolos e invocando un engañoso interés general que presenta como promesa de desarrollo lo que en realidad es y será el negocio de unos pocos, trayendo consigo la destrucción de los mismísimos cimientos patrimoniales y culturales de la economía del turismo cusqueño. De buena fe quisiera creer que se trata de autoridades inducidas al error, pero si vemos los antecedentes penales de algunas de ellas, me temo que en más de un caso se trate de políticos con agendas subalternas. Ni qué decir si nos remitimos al mercantilismo de alto vuelo que explica todas las irregularidades, investigaciones y acusaciones que tiñen el proceso que ha seguido este proyecto desde los días del contrato con Kuntur y Andino Investments, pasando por la adenda, su resolución y ahora el opaco esquema de contratación de gobierno a gobierno dejado por Vizcarra.
Hagamos llegar por todas las vías posibles nuestro apoyo a los demandantes y solidaricémonos con ellos frente a los irresponsables cuestionamientos que les están haciendo, tan solo por ejercer sus derechos y buscar proteger los de todos nosotros. Expresémosle al juez civil de Urubamba y al del 2do Juzgado Civil del Cusco nuestro respaldo a la independencia de sus judicaturas frente a la presión de las autoridades políticas, empresarios cegados por el afán de lucro y sus operadores mediáticos; nuestra esperanza en que admitirán las demandas de amparo; y nuestra confianza en que aplicarán la ley, darán protección a los derechos constitucionales invocados, y —por qué no—, que la ampliarán en virtud de sus prerrogativas jurisdiccionales, para así cubrir aquellos derechos que están siendo igualmente vulnerados y no se ha incluido en las demandas, como es el caso del derecho a la consulta previa.
Sea como fuere, toda vez que no hay paisaje cultural que pueda protegerse sin la participación activa del sujeto colectivo cuyas prácticas tradicionales le dan ese particular carácter cultural al medio natural, queda en manos de l@s comuner@s quechuas de los distritos de las provincias de Urubamba, Calca y Cusco, sumarse a esta gesta expresando su sentir, movilizándose de ser necesario, e inclusive interponiendo las acciones legales que quepan para que se les respete su derecho a ser consultados por el Estado. Se han adoptado medidas que pueden afectar sus derechos colectivos, y la obligación de consultar ha sido flagrantemente incumplida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante el silencio del Ministerio de Cultura y la pasividad de la Defensoría del Pueblo. El festín del dinero de las compras de tierras y las expectativas por unas migajas en el futuro no debieran doblegar la voluntad de proteger la herencia cultural y asegurar la sostenibilidad de un paisaje cultural que no sólo es emblemático de la grandeza de los hombres y mujeres de los Andes, sino base indispensable para su buen vivir futuro.
El gobierno de Corea, por último, al entrar en un convenio con el de Perú para la ejecución del proyecto de aeropuerto, incumple también con sus obligaciones de colaboración internacional para el respeto de los derechos humanos, los cuales comprenden aquellos que asisten a los pueblos indígenas.
