Embajadas atropellan soberanía peruana y Congresistas responden declarando personas no gratas a cuatro embajadores

Ahora resulta que el rol de las misiones diplomáticas es preocuparse y tener injerencia en las contrataciones entre concesionarios de peajes y el Estado peruano. Es decir, se despojaron del glamour de sus roles, para convertirse en árbitros internacionales.  

Resulta que el día 09 de mayo el diario oficial publicó la Ley N° 31018 “Ley que suspende el cobro de peajes en la red vía nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia nacional declarado a causa del brote del Covid-19”.  En principio, este proyecto de ley fue observado por El Ejecutivo, y en su defecto, el Parlamento nacional lo aprobó por insistencia con la aprobación de 102 votos.

No es menos cierto que aquella medida adoptada por el Congreso ha traído una serie de conflictos entre los diferentes agentes políticos que están ligados a aquellos temas, como la titular del MEF María Antonieta Alva y la presidenta de Ositran Verónica Zambrano que fueron las primeras que protestaron ante la norma, a pesar que la ley aprobada por el Legislativo pretende ceñirse al aislamiento social y por tanto evitar el acercamiento entre los usuarios durante un hipotético tránsito.

Asimismo, si esta ley contradijese al artículo N° 62 de la Constitución peruana y se constituya como inconstitucional; eso tendrá que resolverse en la vía arbitral o judicial.

En ese sentido, no tienen ningún legítimo derecho los embajadores  Ralph Jansen de Canadá, Diana Nelson de Australia, Antoine Grassin de Francia y María Claudia Mosquera de Colombia de enviar una carta conminando al Estado peruano que a través de su Poder Legislativo derogue la ley en mención.

El tenor de la carta de las misiones diplomáticas es claro y contundente. Ellos están muy preocupados más allá de la intromisión de contratos que deben estar protegidos por la ley, por el perjuicio económico que eventualmente sufrirían los concesionarios administradores de los peajes que residen en sus países. Es decir ¿tan poderoso es el lobby que ahora involucra a misiones diplomáticas? Realmente, qué vergüenza aquel rol de estos diplomáticos que sin despacho osan meter sus narices en asuntos que son meramente internos y que conciernen únicamente a los Poderes del Estado de Perú.

Ellos realmente son impertinentes y embusteros cuando en el inicio de su carta mencionan: “Nuestras misiones diplomáticas, altamente respetuosas de la soberanía del Estado peruano y de la independencia de sus instituciones democráticas, acudimos a su digno despacho ante el grave impacto que supone la Ley N° 31018 para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones se originan en nuestros respectivos países”.

¡Eso no es así señores! ustedes no están respetando la soberanía de nuestro territorio cuando deliberadamente están intentando amedrentar con una carta que no les corresponde remitir.

¡Entiendan! la soberanía a la que ustedes aluden con una simple y fria literalidad, es la absoluta capacidad que inalienablemente posee el Estado peruano para imponer sus normas legales dentro de todo su territorio. Eso significa que un Estado soberano es absolutamente independiente de otros Estados. Por tanto, no vengan con cartas y exhortaciones fuera de lugar.

Luego, en otro párrafo de su misiva, ustedes primero señalan que reconocen la voluntad del Congreso de tomar medidas que protejan a la ciudadanía ante la propagación del COVID-19, pero luego, transcriben que el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable, y que además la suspensión no generará derecho compensatorio y que por tanto ocasionará que los concesionarios afectados puedan declararse en quiebra, y que todo ello irá en perjuicio de miles de trabajadores directos e indirectos, así como a la población usuaria de las vías.

Claro pues, los embajadores se despojaron del glamour de sus investiduras y de su concordia para mantener las mejores relaciones bilaterales, y están adoptando un perfil para ejercer la controversia. Es decir, ahora se volvieron árbitros internacionales. Y encima salen con el maquillado discurso de que se preocupan por el desempleo de los trabajadores peruanos, cuando la esencia del tenor de la epístola no hace otra cosa que defender los intereses de grandes empresas concesionarias para asegurar sus millonarias ganancias.

Ahora ya entendemos por qué señalan que: “La inversión privada ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico del Perú… y que el Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros a lo largo de las últimas décadas”. Claro pues, ellos saben perfectamente que nuestro país ha sido una especie de botín para aquellos inversionistas que hicieron su agosto en el territorio nacional, con negociaciones fraudulentas e incluso con leyes arregladas a favor de ellos. Es decir, para estas misiones diplomáticas los concesionarios millonarios ya están a punto de quedarse en quiebra. Y por último ¿Por qué no opinan y se pronuncian sobre los 40 años de concesión otorgados a sus REPRESENTADAS?     

Felizmente el Congreso de la República mediante una moción de orden del día acaba de  pronunciarse al respecto y RECHAZAN la comunicación emitida por parte de aquel grupo de representantes diplomáticos, porque defienden los intereses empresariales de aquellas concesionarias de peajes en contra de la salud e integridad de los peruanos. Asimismo, declaran PERSONAS NO GRATAS a los embajadores en el Perú de Canadá, Australia, Francia y Colombia.

Finalmente, el Parlamento exhorta inmediatamente a la Cancillería peruana a tomar las acciones diplomáticas correspondientes en defensa de la soberanía nacional.