El sueldo de la vergüenza

En medio de un país herido por la inseguridad, sumido en la informalidad laboral, con servicios públicos colapsados y una clase trabajadora que sobrevive con el salario mínimo, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido que su prioridad no es el pueblo que dice representar, sino su propio bolsillo. Su reciente aumento de sueldo a más de S/35,000 mensuales, convalidado por el ministro de Economía Raúl Pérez Reyes y refrendado en Consejo de Ministros, revela no solo una desconexión absoluta con la realidad, sino una clara señal de desprecio hacia la ciudadanía que día a día se esfuerza por sobrevivir.

Este gesto, que supera el 125 % de incremento respecto al salario presidencial vigente, no solo es inoportuno, sino profundamente inmoral. Mientras los ciudadanos son víctimas de extorsiones, asesinatos y desempleo, la presidenta ha optado por priorizar la valorización de su cargo como si se tratara de una ejecutiva en una multinacional, y no de una funcionaria pública al servicio de una nación en crisis. ¿Cuáles son los méritos para semejante retribución? ¿Qué logros justifica semejante gasto en medio de recortes y deudas externas?

Desde el 2006, cuando Alan García corrigió el abuso cometido por el corrupto Alejandro Toledo al imponerse un sueldo presidencial de S/42,000 mensuales, todos los sucesores –incluido Pedro Castillo– mantuvieron el salario en S/15,600. Fue un gesto político que por lo menos marcó un mínimo de respeto institucional. Pero Dina Boluarte, cuya gestión se caracteriza por su precariedad técnica, falta de transparencia, represión social y opacidad administrativa, ha elegido romper con absoluta indolencia ese pacto tácito con el sentido común. Con apenas legitimidad política, sin partido, sin bancada sólida y con un país sumido en múltiples crisis, la mandataria parece decidida a asegurarse su propia prosperidad mientras el país se desangra.

Lo más grave es que este aumento no fue transparente. Un documento fechado el 10 de febrero de 2025 (Oficio N.º 001180-2025-DP/SSG) enviado desde su propio despacho a la Presidencia del Consejo de Ministros da cuenta del inicio del proceso que terminaría en el Decreto Supremo que oficializa su nuevo sueldo. Primero negaron su existencia y luego intentaron ocultarlo bajo la figura de “documento confidencial”. El cinismo de este mandato presidencial no conoce límites.

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, con un discurso timorato, justificó el aumento comparando el salario de Boluarte con el de otros mandatarios latinoamericanos. Lo que no dijo es que esos países, en su mayoría, tienen economías más estables, mejores índices de seguridad ciudadana y servicios públicos más eficientes. El argumento del “salario competitivo” no aplica para una presidenta cuyo gobierno reprime y no da explicaciones de sus investigaciones a la opinión pública, cuyo liderazgo es inexistente, y cuya gestión ha endeudado al país por más de S/13 mil millones para adquirir 24 aviones de guerra que ningún conflicto bélico actual justifica.

Este aumento, además, podría marcar un nefasto precedente. Si la presidenta chalhuanquina puede duplicar su sueldo sin mayor oposición, ¿qué impide que ministros, directores, gerentes públicos y demás funcionarios empiecen a reclamar lo mismo? No se trata de populismo ni de demonizar el gasto público, sino de responsabilidad política y ética. En un país donde el sueldo mínimo apenas alcanza los S/1,025, donde la canasta básica se vuelve inalcanzable, y donde la desigualdad se acentúa día tras día, este tipo de decisiones son provocaciones directas al pueblo.

¿Y después qué? ¿Una pensión vitalicia de S/35,000? Aunque la Ley n.º 26519 establece S/15,600 mensuales para los expresidentes, la práctica política peruana ha demostrado que lo legal importa poco cuando el poder se ejerce sin escrúpulos. Si expresidentes de transición como Merino y el ‘morado’ Sagasti intentaron cobrarla, ¿qué impedirá a Boluarte hacerlo, ahora con un sueldo duplicado?

Dina Boluarte Zegarra pasará a la historia no como una lideresa, sino como un símbolo de la desconexión del poder. Una mandataria más interesada en los beneficios personales que en el bienestar colectivo. Gobernando entre vuelos diplomáticos y decretos ocultos, mientras el Perú se incendia, y la clase trabajadora –la verdadera columna vertebral de esta nación– es ignorada, despreciada y ahora, burlada.