Por Rafael Romero
El pasado 25 de marzo presentamos un caso de abuso contra el trabajador Jesús Antonio Calderón Ormeño, ignorado y olvidado por el sector Educación pues no se le habría dado la atención debida a su estado de salud y sus derechos tras el accidente que sufrió el 30 de mayo del 2023, en las instalaciones del PRITE Buenos Aires de Villa – Chorrillos, dirigido por la servidora pública Susana Ponce Napa.
Primero, partimos de la premisa de que todo trabajador, sea cual fuere su régimen laboral, merece respeto y mucho más cuando desarrolla funciones en una institución destinada a la educación pública, porque sin la educación no hay paz social, justicia y cultura.
En segundo lugar, desde el 23 de marzo esta redacción buscó tomar contacto con la citada directora y cursamos una comunicación al MINEDU, la DRELM y la UGEL 07 con relación al accidente de trabajo de Jesús Calderón y a su fuerte traumatismo en la región parietotemporal derecha, con diagnóstico TEC, contusión hemorrágica, fractura desplazada de clavícula derecha y fractura del 5to arco costal.
En tercer lugar, también solicitamos -además de la información sobre el hecho descrito- una entrevista periodística a la citada directora Ponce Napa para que declare respecto de temas puntuales de un lamentable accidente de trabajo. Pero hasta hoy estaría toreando o evitando dar respuesta a las preguntas sobre el cumplimiento de obligaciones funcionales para con este tipo de emergencias, tal como lo señala la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
En cuarto lugar, es necesario conocer respuestas de la directora Ponce y de la UGEL 07, acerca de si -tras la caída de una escalera- ¿el trabajador Calderón Ormeño sufrió graves heridas con secuelas que se mantienen en el tiempo, siendo importante precisar si se le dio al caso el tratamiento dentro del ámbito de un “accidente de trabajo grave”?
Asimismo, ¿la funcionaria Ponce Napa deberá esclarecer si ella y su institución estuvieron preparadas frente al riesgo de los accidentes de trabajo? De otro lado, antes y después del accidente, ¿el PRITE Buenos Aires de Villa desarrolló y ejecutó todas las medidas preventivas que indican las normas legales?
También es un asunto fundamental conocer si la UGEL 07 proporcionó a la servidora Susana Ponce los recursos presupuestales para mantener al día el PRITE Buenos Aires de Villa con sus respectivos equipos de seguridad en el trabajo, con las capacitaciones y las medidas preventivas contra accidentes de trabajo y para su respectiva promoción con el objetivo de evitarlos.
Tampoco puede quedar exento de respuesta la siguiente pregunta: ¿el PRITE y la UGEL 07 procedieron a adoptar y aplicar el artículo 118 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, al obligar que la información generada tras el accidente de Jesús Calderón sirva en la elaboración de normas internas, políticas y proyectos diversos con el objetivo de que esa clase de accidentes de trabajo no se repita?
Igualmente planteamos si las entidades señaladas contaron con las personas idóneas para investigar la causa del accidente de trabajo de Jesús Calderón; si llenaron el registro de accidentes de trabajo; y si gestionaron la notificación del accidente en el portal web a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Todo esto en el contexto donde, por ley de transparencia, la directora Ponce Napa está obligada a informar acerca de la documentación que su entidad envió a la UGEL 07 con relación al accidente de trabajo del 30 de mayo del 2023. Dicho sea de paso, si la OCI de la citada UGEL no hizo nada, es tiempo de que ahora lo haga.
Tampoco habría sido eficiente ni empática la jefatura de Recursos Humanos al enviar una asistenta al PRITE Buenos Aires de Villa que al final no habría hecho nada en favor del trabajador. Toda esta información y los documentos generados deberán ver la luz pública, sea por la entrega que haga la directora Susana Ponce o por parte de Jean Marco Velásquez, responsable de RR.HH. de la UGEL 07.
Hay, pues, mucha data que las autoridades de la UGEL 07 no pueden ocultar en el caso del accidente de Jesús Antonio Calderón Ormeño, quien estuvo inconsciente y tardó mucho su relativa recuperación. Es decir, si bien fue dado de alta el 24 de junio del 2023, en realidad duró más de tres meses el poder hacer sus trámites debido a su delicado estado de su salud (desde 30 de mayo hasta mediados de setiembre).
Esperamos que estos casos no se repitan, y se deberán determinar responsabilidades de la directora Ponce, siendo importante una investigación. Es fundamental también que la autoridad competente determine fehacientemente si ella debe seguir o no en el cargo; y saber cuáles son las secuelas del trabajador Calderón Ormeño tras el accidente, a fin de decidir un cambio de trabajo, de funciones o de institución.
Pero el asunto va más allá porque la salud de Calderón hoy no es la misma y podría estar siendo discriminado pues el golpe en la cabeza lo dejó con el habla balbuceante, lo que le acarrearía también burlas y maltratos, situación estresante que hace más delicada su salud, debiendo en todo caso determinarse su respectiva indemnización.
