Por Rafael Romero
El caso de abuso y persecución del Ministerio Público al periodista Carlos Paredes, director del programa Contracorriente (Willax), no es un hecho aislado pues esa clase de venganzas provienen desde el accionar de fiscales que han pasado por la Fiscalía de Lavado de Activos, como la separada funcionaria Marita Barreto, siendo conocida también la animadversión a la prensa desde los despachos de Rafael Vela y Domingo Pérez.
Llegamos a finales del 2024 y esa forma de armar muñecos para atacar a la prensa no es reciente. Muchos periodistas hemos experimentado esa tirria fiscal desde el 2012 cuando denunciábamos el tráfico de tierras al sur de Lima. Lo que pasa es que esa forma desembozada de censura y venganza se agravó el 2016 y se hizo más palpable a partir de los fiscales de lavado, cuando Pablo Sánchez ya estaba plenamente agarrado del asiento de la Fiscalía de la Nación.
Es oportuno llamar la atención sobre estos hechos porque los fiscales politizados e ideologizados de lavado no solo acorralaron al expresidente Alan García, sino que en la práctica -frente al periodismo- vienen demostrando una absoluta carencia de preparación profesional en materia de libertad de prensa y están haciendo un juego peligroso como operadores políticos (tal como ocurrió a favor de Vizcarra desde finales del 2018 al 2021).
Es lamentable que esos malos fiscales utilicen su puesto y los recursos del Estado para prácticas perversas, creando o inventando historias; manipulando hechos; tergiversando evidencias; y destruyendo el Estado de derecho con el único objetivo de atacar y criminalizar -sin fundamento alguno- a los periodistas.
Por fortuna, son pocos y contados los fiscales abusivos, quienes provienen especialmente de la Fiscalía de Lavado y del entorno político e ideológico de Pablo Sánchez, prestos a comportarse como elefantes en medio de una cristalería, pero con el agravante del abuso y la arbitrariedad que al final solo destruirán la legalidad, la credibilidad y la imagen del Ministerio Público.
Ante este panorama, urge tomar conocimiento y conciencia en los fueros de la presidencia del Poder Judicial, entre los magistrados supremos y los miles de jueces que hay en la República, sobre todo para que con su sabiduría jurídica se haga respetar el Estado de Derecho en el Perú y se cumplan los principios internacionales de la libertad de prensa.
Ese empoderamiento entre los jueces es fundamental para que con sus resoluciones pongan freno, aleccionen y corrijan a los antojadizos y subjetivos fiscales de lavado, sobre todo con prolijidad profesional respecto del papel fundamental que cumplen la investigación periodística, la libertad de prensa, el derecho del público a la información y el respeto a la labor del periodista.
Sobre el particular conviene tener presente, y no olvidar que hoy, en el seno de la Fiscalía, urge que sus funcionarios se enteren de que el mundo ya avanzó bastante en materia de doctrina jurídica frente a la libertad de prensa. Por lo que los jueces son los más llamados a rechazar las vengativas denuncias y acusaciones de los fiscales politizados e ideologizados que solo están llevando el Perú a la barbarie.
Desde la Revista Lima Gris contribuiremos modestamente con artículos semanales y sin falsas ínfulas con el objetivo de entregar un aporte intelectual sólido para la mejor capacitación de los funcionarios públicos en materia de defensa de la legalidad, de la ética en la función pública y de las garantías para el ejercicio periodístico porque los periodistas de investigación y los reporteros solo contribuimos a edificar una sociedad más justa, mejor informada, más tolerante, culta y democrática.
Juzgar a los periodistas es hacerle el juego a los poderes de turno que han tomado la Fiscalía, y que no quieren ser fiscalizados porque se han enriquecido en el cargo y porque solo buscan el beneficio particular en detrimento de los intereses colectivos de la sociedad y de la libertad de prensa.
